Juicio por secuestro en Las Londras inicia con testimonio clave

Un policía identificó a dos acusados como autores del ataque a 17 personas. El proceso judicial comenzó tras casi cuatro años de espera, con revelaciones sobre presunta protección política y peligrosidad de los implicados.

«Esto no son suposiciones, esto es real»: el testimonio que marca el juicio

El suboficial Carlos Argote, testigo clave de la Fiscalía, identificó a Paulino Camacho Vedia y Nelson Rivadeneira Escalante como participantes en el secuestro de siete periodistas, cuatro policías y seis civiles en octubre de 2021. Afirmó que Camacho es «uno de los más peligrosos» y relató su intento de fuga violento en 2021, donde «intentó atropellar al fiscal».

Negativas y contradicciones

Los acusados negaron su participación, declarándose «un campesino humilde y un albañil». Sin embargo, Argote aseguró que ambos estaban en la zona un día antes del secuestro. El abogado de las víctimas, Roberto Méndez, calificó el testimonio como «contundente» por detallar la amenaza que representaban para autoridades.

Sospechas de protección política y demoras procesales

Paulino Camacho admitió haber despedido a su abogado anterior porque «le hacía más caso al ministro que a mí», según Méndez. El jurista denunció intromisión política y negligencia estatal, señalando que el INRA declaró las tierras en disputa como fiscales tras el ataque: «Hay contaminación política en el manejo de la tierra».

Un caso que esperó casi cuatro años

El violento ataque ocurrió el 28 de octubre de 2021 durante un avasallamiento en Guarayos. La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (FSUTC) logró el traslado de los investigadores iniciales en 2021, retrasando el proceso. La Defensoría del Pueblo criticó que la justicia «ha tardado más de lo razonable».

Próximos pasos: más testimonios y veeduría ciudadana

El juicio continuará el 5 de agosto con más testigos. Percy Suárez, uno de los periodistas secuestrados, expresó: «Es la primera vez que siento que se nos empieza a hacer justicia». La Asociación de Periodistas de Bolivia vigilará el proceso para evitar nuevas demoras.