Funcionarios de Trump usaron web anónima para deportar académicos pro-palestinos
El Gobierno identificó a 100 estudiantes y profesores mediante el sitio Canary Mission. Documentos judiciales revelan la implicación del asesor Stephen Miller en la campaña. Un juez federal evalúa si se violó la Primera Enmienda al perseguirles por sus opiniones políticas.
«Tigueres» de DHS y listas de deportación
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) creó un equipo especial («tiger team») para investigar a académicos extranjeros con visados legales. El 75% de los casos procedían de Canary Mission, según el testimonio del funcionario Peter Hatch. Este sitio, vinculado a grupos proisraelíes, publica perfiles de activistas pro-palestinos sin revelar sus fuentes de financiación.
El papel de Stephen Miller
John Armstrong, jefe interino de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, confirmó que Miller participó semanalmente en llamadas para coordinar las deportaciones. La Casa Blanca invocó el «privilegio ejecutivo» para ocultar detalles de estas conversaciones. «Era una prioridad para la administración», admitió Armstrong.
Criterios ambiguos y protestas «peligrosas»
Los funcionarios no definieron claramente qué conducta justificaba la deportación. Armstrong señaló que frases como «del río al mar, Palestina será libre» podrían interpretarse como antisemitas. Sin embargo, apoyar un alto al fuego en Gaza no era motivo de sanción, ya que «el propio presidente Trump lo ha pedido».
Universidades bajo presión
Bernhard Nickel, profesor alemán en Harvard, testificó que dejó de asistir a protestas por miedo a represalias. «Decidí mantener un perfil bajo completamente», admitió. El juez William Young cuestionó si las asociaciones académicas demandantes tienen legitimidad para impugnar la ley usada por el secretario Marco Rubio para las deportaciones.
De la web a los tribunales
Canary Mission y Betar US —este último catalogado como extremista por la Liga Antidifamación— proporcionaron listas de nombres al Gobierno. Hatch insistió en que verificaban los datos, pero admitió que desconocía quién operaba estos sitios. Rubio afirmó en marzo haber cancelado «más de 300 visados», aunque los documentos judiciales no precisan cifras.
Un juicio con ramificaciones
El fallo del juez Young determinará si el Gobierno de Trump censuró discursos protegidos por la Primera Enmienda. Mientras, académicos extranjeros enfrentan un clima de autocensura y deportaciones selectivas basadas en activismos políticos.
