Exministro Ríos critica los contratos del litio por falta de pacto social
Álvaro Ríos denuncia que los acuerdos con empresas china y rusa carecen de legitimidad. El exministro boliviano cuestiona la ausencia de una ley específica y el rechazo en Potosí. Los contratos, valorados en más de 2.000 millones de dólares, generan tensiones políticas y protestas.
«Sin ley, sin consenso y con riesgos»
Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, señaló tres problemas clave: regalías poco claras, falta de normativa para recursos evaporíticos y oposición local. «Estos contratos no deben aprobarse ahora. Será un fiasco», afirmó. Insistió en que una ley debe definir inversiones, riesgos y penalidades, algo que actualmente «no está establecido».
Rechazo en Potosí y el Legislativo
El Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) amenazó con movilizaciones en La Paz si se aprueban los contratos. En la Asamblea Legislativa, la diputada Lissa Claros (CC) acusó al Gobierno de forzar acuerdos «lesivos» sin una ley previa. La sesión fue suspendida tras protestas de la oposición.
Defensa del Gobierno
El presidente Luis Arce defendió los convenios con la rusa Uranium One Group y el consorcio chino CBC, asegurando que son «favorables para Bolivia» y garantizan soberanía. Negó presionar al Legislativo, aunque los debates están paralizados.
El litio, entre la prisa y la polémica
Bolivia busca industrializar sus reservas de litio con tecnología de Extracción Directa (EDL), pero las regalías y el impacto ambiental dividen a políticos y ciudadanos. Ríos descartó que exista urgencia global y advirtió: «La prisa puede llevar a decisiones perjudiciales».
Un recurso sin marco claro
El litio boliviano enfrenta un vacío legal desde hace años, sin normas que regulen regalías, licitaciones o protección ambiental. Potosí, región históricamente minera, exige mayor participación en las decisiones, mientras el Gobierno prioriza inversiones extranjeras para impulsar el sector.
El futuro se debate en las calles y el Congreso
La aprobación de los contratos dependerá de la capacidad del Gobierno para negociar con la oposición y los movimientos sociales. Mientras, las dudas sobre transparencia y beneficios reales para Bolivia mantienen el conflicto activo.
