Municipios bolivianos invierten menos del 1% en proteger a la infancia

Las principales ciudades destinan recursos marginales a prevenir violencia infantil. Un estudio de Save the Children revela que, entre 2021 y 2023, el gasto promedio fue inferior al 1% del presupuesto municipal, incumpliendo compromisos legales.

«Asignatura pendiente en pleno siglo XXI»

El análisis de 335 municipios evidencia que la inversión en protección infantil es insuficiente y decreciente. En 2023, solo el 0,87% de los presupuestos se destinó a este fin, pese a ser el año con más recursos disponibles. «Los sistemas actúan reactivamente, no previenen», señala el informe.

Capitales en deuda

La Paz ejecutó apenas el 0,17% de su presupuesto (2021-2023), la cifra más baja. Cobija lideró con un 0,79%, pero ninguna ciudad superó el 1%. Cochabamba redujo su inversión año tras año: de 0,62% (2021) a 0,39% (2023).

Gasto desequilibrado

El 77,47% de los fondos se concentró en atención (Defensorías de la Niñez, SLIM), mientras que la prevención recibió solo el 14,13%. El acceso a justicia, clave para víctimas, apenas alcanzó el 6,38%.

Marco legal vs. realidad presupuestaria

La Ley 548 y la Constitución exigen recursos suficientes para la infancia, pero los municipios incumplen sistemáticamente. Save the Children denuncia que incluso los fondos asignados no se ejecutan totalmente, con subejecuciones superiores al 50% en algunos casos.

Ciudades intermedias: la tendencia se repite

Los municipios de Categoría D también redujeron su inversión: de 0,81% (2021) a 0,62% (2023). Sus presupuestos crecieron, pero no la prioridad por la niñez. Sucre fue una excepción, con el 1,14% en 2021, el porcentaje más alto registrado.

Un problema con raíces profundas

Bolivia arrastra décadas de desatención crónica a la infancia. Pese a contar con un «marco legal robusto», los gobiernos locales no traducen las leyes en presupuestos concretos. La Observación General N°19 del Comité de Derechos del Niño exige avances que no se materializan.

Invertir en infancia es invertir en futuro

El estudio plantea cambiar el paradigma: la protección infantil debe ser central en las políticas públicas. Propone fortalecer capac técnicas, articularse con los ODS y garantizar transparencia. Sin recursos sostenibles, advierte, la violencia seguirá siendo un ciclo sin fin.