TSE inhabilita a Jaime Dunn como candidato presidencial
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la habilitación de Dunn pese a documentos que acreditan pagos. La decisión, basada en un informe de Contraloría, genera cuestionamientos sobre transparencia electoral. Organismos internacionales observan el proceso de cara a las elecciones del 17 de agosto de 2025.
«Inhabilitación bajo la lupa internacional»
El TSE fundamentó su resolución en un informe del 26 de junio de la Contraloría, que no verificó la solvencia fiscal de Dunn, pese a que el candidato presentó 17 pliegos ejecutoriados que acreditan pagos. «No hay sentencia penal ni daño económico al Estado que justifique esta medida», señala el texto. La UE, OEA y otras entidades supervisan el cumplimiento de estándares democráticos.
Repercusión ciudadana
La decisión afecta a 7.5 millones de votantes habilitados, cuyos derechos políticos podrían verse limitados si persisten «retardaciones injustificadas o inhabilitaciones arbitrarias». El caso evidencia tensiones entre formalismos legales y garantías constitucionales.
Estándares que no se negocian
Según normas internacionales, los procesos electorales deben garantizar sufragio universal, igualdad y transparencia. La Declaración de Principios de la ONU (2005) y la Convención Americana de DDHH exigen que los Estados respeten el derecho a ser elegido sin restricciones políticas. «La democracia no es una concesión, es un derecho universal», recalca el análisis.
El rol de los observadores
Misiones como las de la UE actúan como garantes contra fraudes o intimidación, evaluando imparcialmente los comicios. Su presencia depende de que el proceso cumpla mínimos democráticos. En Bolivia, su labor incluye monitorear la habilitación de candidaturas.
Antecedentes: un sistema bajo sospecha
Bolivia ocupa los últimos puestos en índices de Estado de Derecho según Human Rights Watch (2024). El abogado Christian Norberto Hernández critica la falta de independencia judicial: «Las decisiones deben basarse en valoración objetiva, no en injerencias de otros poderes». El caso Dunn refleja esta crisis institucional.
Elecciones en juego
La resolución del TSE podría marcar el tono de los comicios de agosto. La comunidad internacional seguirá de cerca si se garantizan condiciones equitativas o si persisten prácticas que, según el texto, «vacían los límites constitucionales de los derechos políticos».
