Magistrada Coaquira niega falsificar documentos para elecciones judiciales
Su abogado presenta certificados universitarios que acreditan su experiencia docente. La denuncia contra ella se basó en un documento falso. El caso judicial involucra a siete imputados, incluidos autoridades y abogados.
«Los documentos de la UB respaldan su trayectoria»
El abogado Israel Campero, representante de la magistrada Fanny Coaquira, afirmó que la Universidad Unión Bolivariana (UB) certificó su labor como docente en Derecho Civil. «La respuesta es contundente: sí fue profesora», declaró a EL DEBER Radio. La defensa desmiente así las acusaciones de falsear méritos durante su postulación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Denuncia basada en un certificado adulterado
Antonio de la Fuente y su abogado, José Ramiro Uriarte, presentaron una acción de cumplimiento ante el juez Marcelo Lea Plaza —ahora detenido—, solicitando la suspensión de Coaquira. Adjuntaron un certificado falso de la UB que negaba su experiencia docente. Este hecho derivó en una investigación por uso de instrumento falsificado contra los denunciantes.
Un caso con múltiples implicados
El fallo inicial del juez Lea Plaza, que ordenó la suspensión de Coaquira, fue denunciado por prevaricato. El llamado «Caso Consorcio entre administradores de justicia» suma siete imputados, entre ellos el exministro César Siles y el magistrado suplente Iván Campero. De la Fuente sigue prófugo, según el Ministerio Público.
De acusada a acusadora
Coaquira inició un proceso penal contra De la Fuente y Uriarte por falsedad material. El fiscal Ramiro Sullcamani confirmó que se analiza el informe oficial de la UB para ampliar la investigación. Paralelamente, Campero negó cualquier vínculo entre su representada y De la Fuente, desmintiendo declaraciones sobre una supuesta amistad.
Un laberinto de papeles y versiones
El conflicto surgió durante las elecciones judiciales de 2025, donde los postulantes deben acreditar experiencia válida. La UB, institución clave en el caso, ha emitido certificaciones contradictorias, lo que profundizó la controversia legal.
La justicia tendrá la última palabra
El desenlace dependerá de las pruebas presentadas y las resoluciones judiciales pendientes. Mientras, el caso expone tensiones en el sistema de elección de autoridades judiciales en Bolivia.
