Fiscalía convoca a testigos por falsificación de certificado contra magistrada Coaquira
La Universidad Unión Bolivariana confirmó que el documento usado para suspender a la jueza fue alterado. La investigación judicial avanza con citaciones a los denunciados y la revelación de un tercer implicado. El caso se vincula al primer escándalo de consorcio judicial en Bolivia.
«El memorial original fue modificado», afirma defensa de uno de los acusados
El abogado Manolo Rojas, representante de José Ramiro Uriarte, declaró que su cliente redactó la acción de cumplimiento pero no solicitó la suspensión de Coaquira. Según su versión, Antonio de la Fuente (prófugo) alteró el documento antes de presentarlo al juez Marcelo Lea Plaza. «Uriarte fue engañado con un certificado falso», insistió.
Nuevo hallazgo: tercera persona implicada
Rojas reveló que existe una mujer vinculada al caso, cuyo nombre permanece en reserva. Fuentes oficiales indican que se trata de L.S.H.A., dirigente de un colectivo LGBTI. Su nombre aparecía en el memorial original junto al de De la Fuente.
Fiscalía evalúa informe universitario clave
El fiscal Ramiro Sullcamani confirmó que la UB certificó la falsificación del documento usado contra Coaquira, incluyendo la firma de un docente. Las citaciones a Uriarte y De la Fuente ya fueron emitidas, aunque este último sigue prófugo. «Definiremos qué otros testigos declararán», adelantó el representante ministerial.
Conexión con el caso Consorcio Judicial
Este es el segundo proceso vinculado al escándalo que tiene detenido al exministro César Siles. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, alertó sobre otras dos acciones constitucionales similares contra magistrados electos en diciembre.
Cuando la universidad desmiente
El 8 de julio, la UB confirmó oficialmente que nunca emitió el certificado que negaba la docencia de Coaquira. Este documento fue clave en la acción legal promovida por De la Fuente, quien ahora enfrenta cargos por falsedad material junto a Uriarte.
Justicia bajo escrutinio
El caso evidencia vulnerabilidades en el sistema judicial boliviano, donde documentos falsificados lograron iniciar procesos contra autoridades electas. La resolución sentará precedente sobre el manejo de pruebas en acciones constitucionales.
