Administración Trump debate derechos de extranjeros pro-palestinos en juicio
El Gobierno estadounidense contradice su postura sobre libertad de expresión para no ciudadanos. El caso, el primero de peso en el segundo mandato de Trump, cuestiona las deportaciones de académicos vinculados a la causa palestina. El juicio comenzó el 7 de julio en Boston.
«¿Derechos iguales? Depende de su estatus»
El juez federal William Young preside el juicio contra la política de deportaciones del Gobierno de Trump. La abogada del Departamento de Justicia, Victoria Santora, afirmó primero que extranjeros y ciudadanos tienen los mismos derechos bajo la Primera Enmienda, pero luego rectificó: «Hay matices basados en su estatus». La contradicción surgió durante la audiencia inicial.
Acusaciones y defensa
La Asociación Americana de Profesores Universitarios y la Asociación de Estudios de Oriente Medio denuncian que la Administración «reprime el discurso político legítimo» al deportar académicos pro-palestinos. Ramya Krishnan, abogada de los demandantes, comparó la situación con «la era McCarthy». Santora negó que exista una «política ideológica de deportación», alegando que las acciones se basan en «actividades», no en opiniones.
Testimonios clave
Dos profesoras, Megan Hyska (Northwestern) y Nadje Al-Ali (Brown), declararon que han limitado su activismo pro-palestino por miedo a represalias. Hyska, canadiense, ocultó su identidad en protestas y no publicó un artículo crítico. Al-Ali, residente permanente, canceló viajes y borró contenido político de sus redes sociales.
Un precedente con ramificaciones
El caso gira en torno a una ley migratoria poco usada que permite al secretario de Estado, Marco Rubio, deportar a quienes «dañen la política exterior de EE.UU.». Aunque el juez reconoció su legalidad, cuestionó cómo se armoniza con la Primera Enmienda. Krishnan insistió en que la norma no puede usarse para silenciar posturas políticas.
Miedo y autocensura en las aulas
Las deportaciones de estudiantes como Mahmoud Khalil (Columbia) y Rumeysa Ozturk (Tufts) han creado un «clima de temor» en universidades, según los demandantes. El Gobierno vinculó las medidas a ataques terroristas pasados y al «antisemitismo en campus», pero el juez Young mostró escepticismo: «El discurso político está protegido».
Un veredicto con ojos en el futuro
El fallo podría definir los límites de la libertad de expresión para extranjeros en EE.UU. y el alcance de las políticas migratorias de Trump. El juicio, que durará dos semanas, es seguido de cerca por académicos y activistas de derechos civiles.