Inflación del 18% anula el aumento salarial del 5% en Bolivia
El poder adquisitivo de los trabajadores se deteriora pese al ajuste salarial anunciado en mayo. La inflación interanual alcanza el 18,46%, con alzas de hasta el 85% en productos básicos, según datos del IPC y análisis del CEDLA.
«Una reposición que no alcanza»
El Gobierno boliviano anunció el 1 de mayo un aumento del 5% en salarios, pero la inflación acumulada (18,46%) lo supera casi cuatro veces. El CEDLA advierte que esto no compensa la pérdida del 8,96% del salario real entre 2023 y 2024. Productos como carne, pollo y transporte subieron entre 16% y 35%, impactando a hogares que destinan el 57% de su presupuesto a alimentos.
Brecha salarial y costos laborales
Un trabajador no calificado con Bs 3.000 recibe solo Bs 177,5 más al mes, frente a Bs 727,5 de un ejecutivo. Las empresas asumen costos adicionales de hasta Bs 973,96 para altos salarios, pero solo el 5% de los asalariados pertenece a este grupo. El 45% no accede al bono de antigüedad por falta de años de servicio.
Empresas vs. trabajadores
Mientras las utilidades empresariales superaron los 3.000 millones de dólares anuales desde 2012, el salario mínimo (Bs 2.750) solo aumentó Bs 125, insuficiente frente al 58,8% de alza en la canasta básica. El CEDLA señala que el 60,3% de los asalariados gana menos de 1,5 salarios mínimos, evidenciando precariedad laboral.
Un mercado laboral desigual
El CEDLA critica que el ajuste beneficia más a trabajadores formales y altos salarios, mientras la mayoría enfrenta incrementos simbólicos. Propone reformas para reducir informalidad y mejorar productividad, sin sobreexplotación. El sector bancario duplicó sus ganancias, pero las PyMEs podrían verse afectadas por mayores costos laborales.
Cuando los números no cuadran
Bolivia arrastra una inflación creciente desde 2024 (9,97%), acelerada en 2025 (9,81% solo hasta mayo). El IPC refleja alzas drásticas en 397 productos, con alimentos y transporte liderando el impacto en los hogares.
Salarios que no dan para vivir
La medida gubernamental no revierte la pérdida de poder adquisitivo, agravada por precios históricamente altos. El CEDLA insiste en que políticas diferenciadas son urgentes para equilibrar las cargas entre empresas y trabajadores, especialmente en sectores vulnerables.
