35.000 ciudadanos rehabilitados para votar en elecciones de agosto

El TSE confirma que 35.000 personas recuperaron su derecho al voto tras presentar documentación que justificó su inasistencia previa, en un proceso que busca depurar el padrón electoral.
El Deber

Cerca de 35.000 ciudadanos se rehabilitan para votar en elecciones de agosto

Santa Cruz concentra el mayor número de inhabilitados, pero solo 1.700 presentaron reclamos. El TSE destaca que el proceso contribuye al saneamiento del padrón electoral. Los rehabilitados justificaron su ausencia en votaciones anteriores con certificados médicos o comprobantes de viaje.

«Un padrón más transparente y depurado»

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, confirmó que 35.000 personas a nivel nacional recuperaron su derecho al voto, tras presentar documentación que validó su inasistencia previa. «Estamos saneando el padrón: ya no aparecerán fallecidos o residentes en el exterior», enfatizó. Santa Cruz, con 125.814 inhabilitados iniciales, registró solo 1.700 reclamos.

Detalles del proceso

Los ciudadanos tuvieron 30 días para presentar reclamos y cinco días adicionales tras la publicación de listas. Quienes no lo hicieron enfrentarán multas de 500 a 700 bolivianos. Ávila destacó que el biométrico fue clave para verificar residencias y evitar irregularidades.

Santa Cruz: epicentro de inhabilitaciones

El departamento lidera las cifras nacionales, seguido por Cochabamba (78.986 inhabilitados). La presidenta del TED cruceño, María Cristina Claros, había anticipado la baja tasa de reclamos. El Serecí reportó inicialmente 409.627 exclusiones provisionales en todo el país.

Elecciones bajo lupa

Las votaciones del 17 de agosto marcan un precedente en la depuración del padrón. El TSE insiste en que este mecanismo reduce errores históricos, como votantes fantasmas o duplicados. Sin embargo, la baja participación en reclamos en Santa Cruz genera dudas sobre el alcance real del proceso.

Un padrón que busca credibilidad

El cierre del plazo de rehabilitación consolida un padrón con menos márgenes de impugnación. La normativa vigente y los plazos estrictos buscan garantizar transparencia, aunque persisten desafíos en la comunicación con los afectados. Los resultados se verán en las urnas.