Diputados bolivianos protagonizan violentos incidentes en debate sobre litio
La sesión parlamentaria dejó seis agresiones físicas y el contrato con China sin aprobar. Ocurrió entre el jueves y la madrugada del viernes en La Paz, durante el intento del Gobierno de validar el acuerdo con la empresa CBC. La oposición denunció falta de transparencia y violencia política.
«El hemiciclo convertido en ring de lucha libre»
La Cámara de Diputados vivió una de sus sesiones más caóticas en años, con empujones, objetos lanzados y una diputada agredida. «Se quiso forzar una votación en cuarto oscuro», denunció la opositora Lissa Claros. El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, recibió un vaso de agua durante su exposición.
Agresiones y obstrucciones
La diputada María José Salazar (CC) fue agredida por Verónica Aguilera (MAS), quien le tapó la boca. Legisladores lanzaron pelotas de papel a la testera, mientras comunarios de Nor Lípez y la Defensoría del Pueblo fueron impedidos de ingresar. Héctor Arce (MAS-evista) intentó tomar la testera, pese a una prohibición judicial.
El litio como botín político
El diputado Arce presentó un audio que vincula al hijo del presidente con negocios del litio. Opositores y sectores del MAS evista acusan al Gobierno de «entreguismo» a intereses chinos y rusos. Las comunidades indígenas de Nor Lípez denunciaron falta de consulta previa.
Un contrato en tierra de nadie
El presidente de Diputados, Omar Yujra (MAS), suspendió la sesión sin fecha para retomarla. El contrato con CBC sigue estancado en una Asamblea dividida, incluso al interior del oficialismo. La votación se frustró por disputas sobre si debía ser nominal o secreta.
Elecciones y recursos estratégicos
El incidente ocurre a 44 días de los comicios generales, en un contexto de polarización por el control del litio, recurso clave para la transición energética global. Bolivia posee las mayores reservas mundiales, pero su explotación enfrenta disputas políticas recurrentes desde 2020.
El Parlamento como termómetro de la crisis
El caos legislativo refleja la incapacidad para dirimir diferencias institucionalmente. Mientras el contrato sigue pendiente, la violencia parlamentaria erosiona la credibilidad del proceso democrático en un año electoral clave.
