Acusado de asesinato en Idaho pacta declararse culpable

Familias de las víctimas discrepan sobre mantener la pena de muerte. Bryan Kohberger aceptó un acuerdo de culpabilidad por apuñalar a cuatro estudiantes en 2022. El caso revela los límites de la participación de las víctimas en procesos penales.

«Justicia dividida entre el acuerdo y el castigo máximo»

Shanon Gray, abogado de la familia de Kaylee Goncalves, confirmó que los allegados se oponen a eliminar la pena capital. En cambio, la familia de Ethan Chapin apoya el pacto, según su portavoz Christina Teves. «Las víctimas tienen derecho a ser escuchadas, pero no a decidir el resultado», explicó Meg Garvin, experta en derechos de víctimas.

Procedimiento acelerado y discrepancias

Los fiscales informaron a las familias sobre el acuerdo la semana pasada, pero la familia Goncalves criticó la rapidez del proceso tras casi dos años de preparativos para un juicio previsto en agosto. En una carta, los fiscales defendieron que la resolución busca «el interés de la justicia».

Derechos bajo la lupa

La Constitución de Idaho garantiza a las víctimas participar en audiencias y comunicarse con fiscales, pero no vetar acuerdos. Garvin destacó que, aunque no hay apelación, violar estos derechos puede anular sentencias, como ocurrió en el caso de Adnan Syed en Maryland.

De los hotlines a los tribunales

El movimiento por los derechos de las víctimas surgió en los 70, con avances legales desde los 80. La ley federal de 2004 estableció ocho garantías, como notificación oportuna y restitución. Idaho amplió estas protecciones en su Constitución, aunque su aplicación varía según el caso.

Un juez tendrá la última palabra

El tribunal podría rechazar el acuerdo, algo inusual pero posible. Anteriormente, el juez denegó eliminar la pena de muerte para Kohberger. La audiencia del miércoles definirá si prevalece el pacto o las objeciones de algunas familias.