Analista cuestiona premura en contratos de litio por caída de precios

Héctor Córdova, experto de la Fundación Jubileo, advierte que no es momento para firmar acuerdos de litio debido a la drástica caída de precios y riesgos en el contrato con China.
unitel.bo

Analista cuestiona premura en contratos de litio por caída de precios

El precio del carbonato de litio bajó de 90.000 a 8.000 dólares por tonelada. Héctor Córdova, experto de la Fundación Jubileo, advierte que no es momento para firmar acuerdos. El Gobierno busca aprobarlos en Diputados pese a que faltan cuatro meses para el fin de su gestión.

«No es conveniente para Bolivia»

El analista y ex presidente de COMIBOL, Héctor Córdova, señaló que el precio actual del litio (8.000 USD/tonelada) está por debajo del mínimo rentable (13.840 USD/tonelada). «Parece que no es el mejor momento para hacer negocios», afirmó. Además, destacó que la demanda ha caído y la oferta ha aumentado.

Riesgos del contrato con China

Córdova criticó el acuerdo con la empresa china, que incluye un crédito de 1.030 millones de dólares con intereses altos y un pago adicional de 1.700 USD por tonelada producida. «Resulta muy extraño acelerar un contrato con vigencia de 30 años a pocos meses de cambiar de Gobierno», subrayó.

Repercusión en Diputados

El debate en la Cámara de Diputados generó tensión, con pedidos para aplazarlo. «Se tienen que esperar un fallo del TCP», declaró una diputada. Los cuestionamientos apuntan a la falta de garantías y al riesgo de que el próximo Gobierno revise los acuerdos.

Un mercado en declive

En 2022, el carbonato de litio alcanzó su precio máximo (90.000 USD/tonelada), pero en 2025 la caída es drástica. Bolivia, con reservas importantes, enfrenta el desafío de industrializar el recurso en un contexto de precios bajos y tecnología no probada.

Decisiones con consecuencias a largo plazo

La aprobación o rechazo de los contratos marcará el futuro de la industria del litio en Bolivia. Los críticos insisten en esperar mejores condiciones de mercado y claridad jurídica, mientras el Gobierno apura su firma antes del cambio de gestión.

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