Joven liberado exige reparación al Estado por nueve años de prisión injusta

Richard Mamani Martínez reclama indemnización tras ser absuelto de un delito no cometido. La demanda se basará en estándares de derechos humanos e incluirá medidas de rehabilitación. El caso expone fallos en el sistema judicial boliviano.

«El Estado debe restituir sus derechos»

Richard Mamani, liberado el 27 de junio de 2025 tras anularse su condena por violación, exigirá una reparación integral al Estado boliviano. Su abogada, Rosmery Peralta, confirmó que la demanda se presentará en los próximos días. «El Estado está en la obligación de restituir sus derechos», afirmó Peralta, señalando que la indemnización cubrirá daños económicos, rehabilitación y garantías de no repetición.

Un error judicial con consecuencias

Mamani pasó 9 de los 20 años de condena en el penal de Morros Blancos (Tarija) por un delito ocurrido en 2016 en Chuquisaca. La sentencia se anuló tras revelarse que la víctima fue obligada a acusarlo falsamente por su hermana mayor. El verdadero culpable era el cuñado.

Defensoría del Pueblo respalda la demanda

Cecilia Bolívar, delegada de la Defensoría del Pueblo en Tarija, sostuvo que la justicia debe resarcir económicamente a Mamani. Recordó que el Código Penal establece indemnizaciones para inocentes con sentencias erróneas. «Ninguna sentencia debe dictarse sin pruebas claras», añadió Rosmery Ruiz, decana del TSJ, subrayando el principio de presunción de inocencia.

Una condena basada en mentiras

El caso se remonta a 2016, cuando Mamani fue acusado de violación en Villa Charcas (Chuquisaca). La revisión judicial demostró que la víctima actuó bajo coacción familiar, lo que llevó a la anulación de la sentencia en junio de 2025. El TSJ reiteró la importancia de evitar condenas sin evidencia contundente.

Justicia que busca enmendar su error

La demanda de Mamani pone en evidencia los riesgos de fallos judiciales irreparables. Su caso podría sentar un precedente para mecanismos de reparación más eficaces en Bolivia, aunque su impacto dependerá de la respuesta estatal y judicial en los próximos meses.