Gobierno intenta aprobar contratos de litio antes de elecciones

Cinco instituciones denuncian falta de transparencia en contratos de litio que favorecen a empresas extranjeras, en plena crisis política.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia

Gobierno intenta aprobar contratos de litio a días de elecciones

Cinco instituciones denuncian que los proyectos favorecen a empresas extranjeras. Ocurre en el último mes de mandato, con críticas a la falta de transparencia y riesgos para el Estado. La Asamblea Legislativa analiza dos polémicos contratos con firmas china y rusa.

«Alerta por contratos que comprometen el futuro del litio»

Fundación Jubileo, Fundación Milenio, Fundación Solón, Club de Ginebra y Cedib emitieron un comunicado conjunto rechazando los proyectos de ley 197/2024-2025 y 170/2024-2025. «Es una tentativa de comprometer el país en plena crisis política», señalan. Los contratos beneficiarían a las empresas Hong Kong CBC (China) y Uranium One Group (Rusia).

Críticas técnicas y financieras

Las instituciones destacan que los contratos son «incompletos, confusos y sin garantías técnicas» para explotar el litio en salares bolivianos. «No cubren costos con los precios actuales del Li2CO3», advierten. Además, YLB asumiría riesgos financieros al reembolsar inversiones extranjeras, según proyecciones «sobredimensionadas».

Falencias ambientales y sociales

Denuncian que los proyectos no incluyen estudios de impacto ambiental sólidos ni mecanismos de consulta previa a comunidades. Las regalías para Potosí y municipios productores se mantendrían en solo 3%, sin opción a renegociación futura.

Un debate en tiempo prestado

Las críticas surgen en un contexto de transición política, con elecciones nacionales inminentes. José Carlos Solón, investigador citado en el comunicado, calificó de «apresurado y llamativo» que la Asamblea legisle estos contratos en sus últimos meses de funciones.

Litio: entre la prisa y la prudencia

El rechazo de las instituciones pone en evidencia la polarización sobre la explotación del litio. Mientras el gobierno busca cerrar acuerdos, la sociedad civil exige transparencia y protección de recursos estratégicos. La ciudadanía queda a la espera de la decisión final de la Asamblea.