Florida instala cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes

El centro 'Alligator Alcatraz' albergará hasta 5.000 detenidos en una reserva pantanosa. Críticos denuncian falta de estudios ambientales y alto costo.
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Florida instala cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes

El centro «Alligator Alcatraz» albergará hasta 5.000 detenidos en una reserva pantanosa. El gobernador Ron DeSantis justificó la ubicación como medida disuasoria ante fugas. Críticos denuncian falta de estudios ambientales y alto costo: 245 dólares diarios por persona.

«Un muro natural de lagartos»

La prisión temporal se ubica en el aeropuerto abandonado Dade-Collier (Big Cypress, Florida), rodeada de humedales infestados de caimanes. «Si alguien escapa, enfrentará a un montón de caimanes», declaró DeSantis. La única vía de acceso, la carretera Tamiani Trail, estará custodiada. Servicios básicos como agua y electricidad serán provistos por equipos móviles.

Costos y proceso acelerado

EEUU invertirá 245 dólares diarios por cada inmigrante, con un presupuesto anual estimado de 450 millones. DeSantis confirmó coordinación con el Departamento de Justicia para instalar jueces de inmigración en el centro y «acelerar las deportaciones». Medios internacionales destacan que el lugar se habilitó en tiempo récord, sin evaluaciones ambientales previas.

Protestas por impacto ecológico

Ambientalistas como Faith Ward denuncian que la llegada masiva de detenidos alterará el frágil ecosistema. «No hubo estudios ambientales. Pasar de menos de 1.000 habitantes a más de 5.000 tendrá un impacto masivo», advirtió. La reserva Big Cypress alberga especies protegidas y es clave para la biodiversidad regional.

Un aeropuerto convertido en prisión

El centro ocupa instalaciones de un antiguo aeródromo militar, usado posteriormente como campo de entrenamiento. Su ubicación remota y el entorno hostil buscan reducir costos de seguridad, aunque organizaciones critican que se priorice la disuasión sobre derechos humanos y sostenibilidad.

¿Disuasión o riesgo calculado?

Mientras las autoridades defienden el modelo como solución temporal, las críticas apuntan a su alto costo operativo y posibles daños irreversibles al medioambiente. La eficacia del centro dependerá de la capacidad para procesar deportaciones de forma expedita.