TCP ordena al TSE mantener a Coaquira como magistrada del TSJ

El Tribunal Constitucional Plurinacional suspendió la resolución que removía a Fanny Coaquira del TSJ, en medio del caso Consorcio.
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TCP ordena al TSE mantener a Coaquira como magistrada del TSJ

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió la resolución que removía a Fanny Coaquira. La decisión se da en medio del caso Consorcio, donde siete investigados evaden la prisión mediante internaciones médicas o arresto domiciliario.

«Ningún implicado permanece en prisión»

El caso Consorcio, declarado en reserva por 10 días, involucra a siete investigados, entre ellos exautoridades y magistrados. Todos evadieron la cárcel: cuatro con detención domiciliaria y tres mediante internaciones en clínicas privadas. «La Fiscalía confirmó que ninguno está recluido en centros penitenciarios».

Los investigados y su situación

1. César Siles (exministro de Justicia): Internado en una clínica de La Paz, pese a que su condena debía cumplirse en Patacamaya. Su defensa alega que su estado requerirá al menos un mes de tratamiento.
2. Claudia Castro (exvocal del TDJ): Trasladada desde la cárcel de Obrajes a una clínica en Sopocachi por problemas de salud.
3. Marcelo Lea Plaza (juez de Coroico): Internado por «delicado estado de salud» y depresión, evitando su ingreso a San Pedro.

La orden del TCP sobre Coaquira

El TCP instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantener la credencial de Fanny Coaquira como magistrada del TSJ. La medida surge tras la suspensión de una resolución judicial que buscaba removerla, vinculada a las investigaciones del caso Consorcio.

Un caso con privilegios en la salud

El caso Consorcio expone irregularidades en el sistema judicial boliviano, donde investigados por corrupción eluden la prisión mediante recursos médicos. En 2023, ya se habían reportado situaciones similares con autoridades acusadas de delitos graves.

Justicia bajo observación

El desarrollo del caso dependerá de las pruebas reunidas durante la reserva de 10 días. Mientras, la sociedad boliviana cuestiona la efectividad de las medidas cautelares aplicadas a los investigados.