Ocho implicados en ‘caso consorcio’ evitan prisión por salud

Siete de los ocho investigados en el 'caso consorcio' tienen medidas cautelares: cuatro en arresto domiciliario y tres hospitalizados. El proceso judicial sigue en reserva.
El Deber

Ocho implicados en ‘caso consorcio’ evitan prisión por salud o arresto domiciliario

Siete de los ocho investigados tienen medidas cautelares. El proceso judicial por presunta manipulación para destituir a la magistrada Fanny Coaquira sigue en reserva desde el 11 de junio. Cuatro acusados están en arresto domiciliario y tres hospitalizados, mientras un prófugo sigue sin captura.

«Salud versus justicia»

Tres imputados con orden de prisión preventiva —el exministro César Siles, la exvocal Claudia Castro y el juez Marcelo Lea Plaza— permanecen hospitalizados. Siles alegó un «postoperatorio de absceso isquiorrectal», Lea Plaza un «cuadro crítico renal» y Castro fue trasladada desde la cárcel de Obrajes por «tema de salud».

Detenidos… pero en casa

El magistrado suplente Iván Campero, el expresidente del TDJ Yván Córdoba, un funcionario judicial y un abogado cumplen arresto domiciliario. La Fiscalía mantiene la investigación en reserva por 10 días más, según Marco Antonio Cárdenas, delegado del Consejo de la Magistratura, debido a la «complejidad del caso» y la búsqueda del prófugo.

Un caso que no despega

El ‘caso consorcio’ gira en torno a la presunta manipulación para reemplazar a la magistrada Coaquira por Campero. Los abogados defensores denuncian falta de acceso a las pruebas, lo que dificulta sus estrategias. La exvocal Castro fue la única en ingresar brevemente a prisión antes de ser hospitalizada.

Entre clínicas y diligencias

El proceso comenzó el 11 de junio tras denuncias de interferencia en el TSJ. Aunque se anunció el fin de la reserva, esta se amplió para recabar más declaraciones. La Fiscalía no ha compartido avances públicos, y los imputados aprovechan recursos legales y médicos para evitar la cárcel.

La justicia bajo observación

El caso expone tensiones en el sistema judicial boliviano, con acusados vinculados a altos cargos. La reserva prolongada y las medidas cautelares generan dudas sobre la transparencia, mientras la ciudadanía espera respuestas concretas en un proceso que podría afectar la credibilidad institucional.

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