Abogado de Trump enfrenta posible desacato por deportaciones a El Salvador
Drew Ensign, fiscal del DOJ, defendió el envío de migrantes a una prisión salvadoreña. Un juez investiga si violó una orden judicial al ocultar información sobre vuelos de deportación. El caso revela la dura política migratoria de la administración Trump.
«No tengo detalles que compartir»: la audiencia clave
El 15 de marzo, Ensign declaró ante el juez James Boasberg que desconocía si las deportaciones a CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) habían comenzado. Horas después, se supo que dos aviones ya habían despegado con migrantes venezolanos. El juez acusó al Gobierno de «desprecio voluntario» de su orden y abrió una investigación por desacato penal.
Denuncia de un informante
Un exfuncionario del DOJ, Erez Reuveni, alegó que Ensign sabía de los vuelos desde el día anterior y «engañó deliberadamente al tribunal». Ensign negó las acusaciones en un escrito judicial. La Corte de Apelaciones paralizó temporalmente la investigación en abril.
De abogado corporativo a defensor de deportaciones
Ensign, graduado en NYU y exsocio de Latham & Watkins, sorprendió a sus colegas al unirse a la agenda migratoria de Trump. Defendió casos polémicos, como la deportación errónea de Kilmar Abrego a CECOT, donde argumentó que el Gobierno «no tenía obligación de rectificar». Un juez tachó sus posturas de «asombrosas».
¿Cambio de rumbo profesional?
Tras no lograr ser socio en Latham, Ensign trabajó para fiscales conservadores en Arizona. Sus donaciones políticas previas eran a republicanos moderados, pero luego adoptó retórica anti-Biden. Jill Holtzman Vogel, su exjefa, lo describe como «alineado al 100% con esta administración».
CECOT: la prisión que divide a EE.UU.
El centro salvadoreño, criticado por su dureza, se ha convertido en destino clave de deportados por Trump. En marzo, el Gobierno admitió haber enviado allí por error a Abrego, pese a una orden judicial previa. Tras presión, lo repatrió en junio.
El peso de la toga
Si se confirma el desacato, Ensign podría enfrentar multas, suspensión de su licencia o incluso cárcel. Expertos como Rachel Barkow (NYU) señalan que un indulto presidencial sería posible. Mientras, excompañeros de facultad expresaron en su reunión de NYU «asco por su papel en esta administración».
Un final abierto
El caso prueba los límites legales de las deportaciones exprés y la lealtad de los funcionarios a órdenes judiciales. La decisión de la Corte de Apelaciones y posibles sanciones a Ensign marcarán el precedente para futuras acciones migratorias.
