Condenan a 13 años de cárcel a expresidente Glas por corrupción

Jorge Glas, expresidente ecuatoriano, fue sentenciado a 13 años por malversar fondos destinados a la reconstrucción post-terremoto de 2016.
Opinión Bolivia

Condenan a 13 años de cárcel a expresidente ecuatoriano Jorge Glas por corrupción

Un tribunal de Ecuador sentenció a Glas por malversar 225 millones de dólares durante la reconstrucción post-terremoto de 2016. El exvicepresidente ya cumplía condenas previas por otros casos de corrupción. La jueza destacó el «nulo respeto a las víctimas» del sismo que dejó cientos de muertos.

«Construcciones inservibles con dinero de los afectados»

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador determinó que Glas y su exsecretario Carlos Bernal desviaron fondos públicos destinados a la reconstrucción de Manabí, la zona más golpeada por el terremoto de 7.8 grados en 2016. «Priorizaron obras innecesarias mientras ignoraban las urgencias de las víctimas», señaló la jueza Mercedes Caicedo.

Impacto en las víctimas

Los 225 millones malversados provienen de impuestos y contribuciones ciudadanas, según el fallo. La sentencia subraya que el dinero no se usó para atender necesidades básicas como viviendas o infraestructura crítica, sino en proyectos «inutilizados» que no aliviaron el sufrimiento de los damnificados.

Un historial de condenas

Glas ya cumplía dos penas previas (6 y 8 años) por otros casos de corrupción, incluido el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht. Fue separado como vicepresidente en 2018 durante el gobierno de Lenín Moreno. Su aliado político, el expresidente Rafael Correa, también fue condenado y actualmente vive asilado en Bélgica.

Negativas y contexto

Durante el juicio, Glas declaró su inocencia y negó haber manejado fondos o beneficiarse personalmente. El terremoto de 2016 dejó cientos de fallecidos y daños millonarios, lo que aumentó la indignación por el desvío de recursos durante la emergencia.

Justicia que sella un capítulo

La condena refuerza la lucha anticorrupción en Ecuador, aunque persisten desafíos para recuperar los fondos desviados. El caso evidencia cómo el abuso de poder prolongó el sufrimiento de comunidades ya devastadas por una catástrofe natural.