EEUU cancela el estatus de protección temporal para haitianos
500.000 personas podrían ser deportadas a partir de septiembre. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta mejoría en las condiciones de Haití, pese a que el país sigue con alerta máxima por violencia.
«El TPS ya no cumple los requisitos legales»
La secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití finalizará el 2 de septiembre. «Esta decisión restablece la integridad del sistema migratorio», declaró un portavoz no identificado. Los afectados podrían solicitar otros beneficios migratorios «si son elegibles».
Contradicción con las alertas oficiales
Mientras el DHS afirma que Haití es «seguro», el Departamento de Estado mantiene su nivel cuatro (el más alto) de riesgo por «secuestros, crimen, inestabilidad civil y falta de atención médica». Además, el país sigue incluido en la prohibición de viajes de Donald Trump.
Una política con antecedentes polémicos
Trump impulsó teorías conspirativas sobre migrantes haitianos durante su campaña, acusándolos de «destruir» comunidades. En febrero, su administración ya revocó protecciones otorgadas por Biden, quien había citado la peligrosidad del contexto en Haití. También canceló el TPS para venezolanos, afganos y cameruneses.
El último capítulo de una batalla legal
En mayo, la Corte Suprema permitió al gobierno deportar a 350.000 venezolanos. Ahora, la medida afectaría a medio millón de haitianos, muchos residentes desde el terremoto de 2010. El DHS insiste en que el TPS es «temporal», pero organizaciones critican la decisión por la crisis actual en Haití.
Entre discursos y realidades
La orden llega en medio de una ofensiva migratoria de la administración Trump, pese a que la violencia de pandillas paraliza Haití. Mientras el gobierno habla de «mejoría», los datos oficiales siguen desaconsejando viajar al país caribeño.
Un verano decisivo
La cancelación del TPS entrará en vigor en septiembre, dejando a cientos de miles en incertidumbre. El impacto real dependerá de cómo aplique el DHS las deportaciones y qué alternativas legales tengan los afectados.