Linchan a dos presuntos ladrones en Shinahota, Cochabamba
Uno de las víctimas tenía antecedentes por asesinato. La multitud los retuvo, interrogó y ejecutó tras acusarlos de robo. Las autoridades no han podido recuperar los cuerpos por resistencia de los comunarios. Ocurrió el 27 de junio en la localidad de Senda III, Chimoré.
«Confesaron el robo antes de ser ejecutados»
Los hombres, identificados como Richard R.A. (con antecedentes penales) y Edson B.F., fueron amarrados, golpeados y sometidos a un interrogatorio público. Según testigos, uno admitió participar en el robo junto a otros dos cómplices, lo que desencadenó la acción violenta. “La población decidió actuar por mano propia”, declaró una fuente policial anónima.
Brutalidad extrema
Imágenes en redes muestran un cuerpo colgado de una viga y otro quemado cerca de una fogata. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, admitió que los peritos forenses no han podido acceder al lugar por las amenazas de los comunarios.
Autoridades investigan, pero sin detenidos
La FELCC de Cochabamba inició una investigación para identificar a los responsables. “Las circunstancias no justifican la ejecución extrajudicial”, afirmó su director, Vanderley Flores. Un tercer presunto ladrón logró huir, según la Policía. La Fiscalía aún no define si imputará cargos por homicidio.
Repercusión institucional
La Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos condenaron el linchamiento, denunciando la violación al derecho a la vida. Los cuerpos siguen en poder de la comunidad, mientras se negocia su traslado al IDIF en Cochabamba.
Antecedentes de justicia comunitaria
Bolivia registra casos recurrentes de linchamientos, especialmente en zonas rurales donde la desconfianza hacia el sistema judicial es alta. Richard R.A., una de las víctimas, ya tenía antecedentes por asesinato, lo que pudo influir en la reacción violenta de los pobladores.
Un crimen que expone la fractura social
El caso evidencia la tensión entre la justicia formal y las prácticas comunitarias. Mientras las autoridades intentan recuperar los cuerpos, la falta de detenidos refleja los desafíos para aplicar la ley en contextos de autogestión violenta.
