Justicia boliviana archiva demandas para inhabilitar candidatos presidenciales
El Tribunal de Santa Cruz rechazó dos recursos contra cinco candidatos por no renunciar a cargos públicos. Las acciones judiciales buscaban aplicar el mandato constitucional, pero fueron desestimadas por fallos formales. Las elecciones del 17 de agosto siguen su curso sin cambios en las candidaturas.
«Las elecciones están garantizadas»
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) archivó dos procesos: uno impulsado por el diputado Henry Gutiérrez (Creemos) contra tres parlamentarias del MAS, y otro presentado por el abogado Carlos Villarroel contra cinco aspirantes presidenciales. “El accionante consideró que existen bienes de importancia mayor en el Estado”, explicó el presidente del TDJ, Aldo Quezada.
Detalles de las demandas fallidas
Gutiérrez retiró su Acción de Cumplimiento contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras que la demanda de Villarroel fue rechazada por “falta de requisitos formales”. Entre los candidatos cuestionados figuraban Eva Copa, Manfred Reyes Villa y Andrónico Rodríguez, quienes mantienen sus cargos públicos.
Postura judicial firme
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romel Saucedo, respaldó las decisiones: “La justicia no permitirá interferencias con fines políticos”. Subrayó que el proceso electoral avanza sin obstáculos hacia los comicios de agosto.
Un capítulo cerrado en vísperas electorales
Las resoluciones eliminan incertidumbre jurídica a 50 días de las elecciones. Los tribunales priorizaron la estabilidad del calendario, descartando modificaciones en las candidaturas habilitadas.
Antecedentes: la polémica constitucional
La Constitución Política del Estado (CPE) exige que los funcionarios públicos renuncien a sus cargos antes de postularse, pero su aplicación ha generado disputas en anteriores procesos. Esta vez, la justicia optó por criterios técnicos sobre interpretaciones políticas.
Seguirán en la carrera
Los fallos consolidan temporalmente el panorama electoral, aunque persisten debates sobre el cumplimiento de la norma constitucional. Los candidatos afectados por las demandas mantienen sus aspiraciones sin restricciones judiciales.
