Zúñiga denuncia desde prisión montaje de «golpe de Estado» en Bolivia
El militar acusado asegura que el Gobierno fabricó la narrativa para reforzar al presidente Arce. Un año después de la toma de Plaza Murillo, el general envía una carta desde la cárcel desmintiendo la versión oficial. El Ministerio de Gobierno difundió un documental que fue inmediatamente refutado.
«La mentira se desmorona»: la carta de un general acorralado
Juan José Zúñiga, principal implicado en la ocupación militar de Plaza Murillo el 26 de junio de 2024, insiste en que el Gobierno orquestó una «falsa narrativa» para presentar los hechos como un intento de golpe de Estado. En su misiva, afirma que la acción buscaba evitar un enfrentamiento entre bolivianos y fue coordinada con el Ejecutivo para «levantar la popularidad» de Luis Arce.
La versión oficial bajo fuego
El Ministerio de Gobierno intentó reforzar su relato con un documental, pero Zúñiga lo desmintió en medios internacionales, lo que le valió un castigo de 20 días de aislamiento. Su abogada, Silvia Tapia, confirmó la autenticidad de la carta, donde el militar acusa a jueces y fiscales de «violar la ley e inventar pruebas».
Militares procesados y procesos abreviados
Una veintena de personas enfrentan cargos por los sucesos de 2024. Varios aceptaron acusaciones del Gobierno mediante procesos abreviados para recuperar su libertad. Zúñiga, sin embargo, mantiene su postura: «Nosotros no hicimos ningún daño», asegura, instando a sus compañeros a resistir.
Un año de sombras y versiones cruzadas
El 26 de junio de 2024, militares liderados por Zúñiga ocuparon la Plaza Murillo, supuestamente para exigir la renuncia de Arce. Horas después, el entonces general reveló que todo formaba parte de un plan gubernamental. Desde entonces, el caso ha dividido aguas entre quienes creen en un montaje y quienes defienden la versión del «golpe fallido».
La verdad, entre rejas y declaraciones
Mientras Zúñiga y sus camaradas permanecen detenidos, su carta reaviva el debate sobre los hechos. El militar asegura que «la historia los absolverá», pero el Gobierno mantiene su narrativa. La polarización persiste, y la justicia boliviana sigue siendo el campo de batalla.
