El movimiento ‘Abundancia’ de California choca con los sindicatos
El gobernador Gavin Newsom promueve agilizar la construcción de viviendas, pero los sindicatos temen que se reduzcan salarios y estándares laborales. La polémica escaló esta semana con un proyecto de ley que enfrenta a demócratas y sindicatos.
«Abundancia»: ¿solución o amenaza para los trabajadores?
El movimiento «Abundancia», impulsado por el gobernador Gavin Newsom y legisladores demócratas, busca acelerar la construcción de viviendas y infraestructuras para combatir los altos precios. Sin embargo, sindicatos y algunos demócratas lo ven como un riesgo para los salarios y condiciones laborales. La tensión estalló esta semana con una propuesta de salarios mínimos para proyectos prioritarios.
El choque entre progreso y derechos laborales
Los sindicatos, como la Federación Laboral de California, acusan al movimiento de ser «un caballo de Troya» para recortar estándares. Lorena González, líder sindical, critica que Newsom «reduce salarios de trabajadores mientras busca apoyo en sectores conservadores». Por su parte, defensores del plan argumentan que la crisis de vivienda perjudica a la clase trabajadora.
Reacción política y retroceso temporal
Tras fuertes presiones, los legisladores retiraron temporalmente el proyecto de salarios mínimos, aunque podría reintroducirse. Carol Kim, del Consejo de Construcción de San Diego, advierte que el exceso de trámites ya frena proyectos, pero teme que se aprovechen para «debilitar derechos laborales».
De la teoría a la batalla política
El concepto de «Abundancia», popularizado por el libro de Ezra Klein, llegó a la agenda estatal con Newsom, quien lo vinculó a su presupuesto. Aunque algunos demócratas lo ven como una oportunidad histórica, otros, como el senador Dave Cortese, lo tachan de «moda pasajera».
California en la encrucijada
El conflicto refleja la tensión entre acelerar proyectos y proteger derechos laborales. Mientras Newsom insiste en que «es el momento de construir el Sueño Californiano», los sindicatos exigen garantías. El resultado definirá el futuro de la vivienda y el poder sindical en el estado.