Viceministerio investiga al hijo del presidente Arce por compra de predio millonario
Rafael Arce Mosqueira es investigado por la adquisición de 2.187 hectáreas en Santa Cruz valoradas en 3,3 millones de dólares. La denuncia fue presentada por el diputado Urquidi y admitida por el Viceministerio de Transparencia. El caso fue revelado en mayo por la plataforma Connectas.
«Exigimos transparentar el origen del dinero»
El diputado Enrique Urquidi (Comunidad Ciudadana) confirmó que el Viceministerio de Transparencia admitió su denuncia contra Rafael Arce Mosqueira. «¡La corrupción no va a quedar impune!», declaró, cuestionando cómo un joven de 25 años accedió a un crédito millonario. La investigación analizará el origen de los fondos y el patrimonio del hijo del presidente.
Irregularidades en la compra
Según el reportaje de Connectas, el predio «Adán y Eva» vulneró la pausa ambiental y tuvo desmontes autorizados por la ABT «en tiempo récord». El medio intentó sin éxito obtener la versión de Arce Mosqueira. La ABT no ha emitido declaraciones sobre los permisos.
Antecedentes sin avance
El diputado Héctor Arce ya había denunciado en el pasado a los tres hijos del presidente, pero las investigaciones no prosperaron por «falta de evidencia», según el texto. El nuevo caso reactiva el escrutinio sobre el entorno familiar del mandatario.
Un predio que despierta sospechas
El reportaje periodístico detalla que el terreno de 2.187,8 hectáreas está ubicado entre La Guardia y Cabezas (Santa Cruz). La magnitud de la transacción y la edad del comprador son los principales focos de la investigación. El Viceministerio no ha especificado plazos ni metodología.
Transparencia bajo lupa
Este es el primer caso público donde un familiar directo del presidente Arce enfrenta una investigación formal por presuntas irregularidades patrimoniales. El resultado podría impactar en la percepción ciudadana sobre la lucha anticorrupción en Bolivia.
¿Qué sigue?
La investigación dependerá de la recopilación de pruebas sobre el origen de los fondos y los permisos ambientales. El Viceministerio deberá determinar si hubo incumplimiento de normas o enriquecimiento ilícito, aunque el texto no menciona plazos ni posibles sanciones.
