Denuncias contra hijos de Arce se estancan por debilidad institucional
Ningún caso ha sido investigado pese a múltiples acusaciones. Los hijos del presidente boliviano enfrentan señalamientos por compra de tierras, créditos millonarios y desmontes ilegales. La Fiscalía archivó denuncias sin explicar los procedimientos.
«Prósperos emprendedores» bajo la lupa
Marcelo, Rafael y Camila Arce Mosqueira acumulan denuncias por enriquecimiento sospechoso desde que su padre asumió la presidencia en 2020. «Ni mis hijos ni mi familia ni yo somos corruptos», declaró Luis Arce en diciembre de 2024, atribuyendo las acusaciones a «ataques políticos».
Los tres casos emblemáticos
1. Marcelo y los viajes sospechosos: Registró 69 viajes desde 2021 sin justificación empresarial. Un audio lo vinculó con la rusa Uranium One, aunque la Fiscalía archivó el caso por «falta de méritos».
2. Rafael y el predio «Adán y Eva»: Compró 2.187 hectáreas en Santa Cruz por $us 3.3 millones a los 25 años, con sueldo público previo de Bs 5.000-10.000. La ABT autorizó desmontes ilegales pese al decreto de pausa ecológica.
3. Créditos récord: Rafael y Camila obtuvieron préstamos por Bs 63 millones sin garantías claras. Diputados cuestionan que una joven de 20 años sin historial crediticio accediera a sumas millonarias.
Instituciones en silencio
La ABT, INRA y Fiscalía no investigaron las denuncias pese a evidencias documentales. «La fiscalía cumple instrucciones del Ejecutivo», afirmó la abogada Kathia Saucedo. Fundación Tierra denuncia que «los permisos de desmonte se otorgan en zonas prohibidas».
Raíces de la impunidad
Bolivia arrastra 20 años de cooptación estatal del sistema judicial, según analistas. La quema récord de 12.6 millones de hectáreas en 2024 y la minería ilegal son consecuencias de esta debilidad institucional. Los mecanismos de transparencia se han convertido en «un saludo a la bandera».
Un limbo que alimenta desconfianza
La falta de investigaciones sobre los casos mantiene dudas sobre el origen del patrimonio presidencial. Expertos coinciden en que la opacidad erosiona la credibilidad en las instituciones, mientras las denuncias siguen acumulándose sin respuestas oficiales.
