Indígenas denuncian complicidad estatal en minería ilegal en La Paz
Pueblos originarios exigen «minería cero» tras ocho años de incumplimientos. Acusan a la AJAM, INRA y ABT de permitir explotación aurífera en sus territorios protegidos. La contaminación por mercurio supera hasta siete veces los límites legales.
«El Estado es cómplice de la vulneración de derechos»
Noé Macuapa, presidente de la CPILAP, aseguró que existe «complicidad» del Gobierno y mineros para extraer oro en áreas indígenas. Pese a una sentencia favorable en 2017, cooperativas siguen operando en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). «El INRA y la ABT también son partícipes», declaró a la ANF.
Demandas ignoradas
Magali Tipuni, representante de Pilón Lajas, detalló que 23 comunidades viven de agricultura, pesca y caza, actividades amenazadas por la contaminación. «Somos un área protegida, pero las autoridades hacen oídos sordos«, denunció. Renán Lipa, líder mosetén, añadió que sus reclamos agroecológicos llevan pendientes desde 2017.
Mercurio en la sangre
Un estudio de 2023 reveló que tsimanes y ese ejjas son los más afectados, con niveles de mercurio hasta siete veces superiores al límite. La minería vierte desechos en los ríos donde pescan y beben, especialmente en la cuenca del Maniqui.
Ocho años de lucha estéril
Desde 2017, los pueblos del norte de La Paz exigen aplicar el fallo que ordena el retiro de cooperativas. La AJAM no ha ejecutado la medida, pese a protestas recurrentes. En junio de 2025, movilizaciones frente a su sede en La Paz reavivaron el conflicto.
Un futuro envenenado
La disputa refleja la tensión entre extractivismo y derechos indígenas. La inacción estatal mantiene en riesgo a comunidades que dependen de recursos naturales, mientras la minería ilegal sigue expandiéndose en áreas protegidas.
