Gobernador de Texas veta prohibición de productos de cáñamo

Greg Abbott rechaza ley que hubiera eliminado el 90% del mercado. El veto preserva una industria de 4.000 millones de dólares anuales y 8.000 comercios. El gobernador convocará una sesión especial para regular el sector.

«Balance sobre prohibición»: la batalla del cáñamo

El gobernador republicano vetó el proyecto que prohibía los productos intoxicantes derivados del cáñamo, tras presión de la industria. «Texas debe regular, no eliminar», declaró Abbott, proponiendo un modelo similar al del alcohol. La medida afectaría a productos con THC, principal compuesto psicoactivo.

Victoria para la industria, derrota para los críticos

El Consejo Empresarial de Cáñamo de Texas celebró el veto como un triunfo para la innovación, mientras el vicegobernador Dan Patrick lo consideró un riesgo sanitario: «Venden estos productos a niños, destruyendo sus vidas». La propuesta original del Senado había sido modificada en la Cámara, pero se revirtió en mayo.

Regulación en lugar de prohibición

Abbott pidió una ley que incluya medidas como empaques a prueba de niños, prohibición de venta cerca de escuelas y límites de THC. Advirtió que la prohibición generaría litigios prolongados, citando el caso de Arkansas, donde una ley similar está paralizada en los tribunales desde 2023.

El cáñamo en la cuerda floja nacional

Desde la legalización federal del cáñamo en 2018, varios estados intentan regular productos intoxicantes. Alabama prohibirá el cáñamo fumable en julio, mientras Tennessee vetará cannabinoides sintéticos en 2026. En Missouri y Florida, proyectos restrictivos no avanzaron este año.

Voces divididas

Abogados del sector alabaron el veto: «Los proyectos simplistas contra el cannabis siempre fracasan». En cambio, el grupo Smart Approaches to Marijuana lo tachó de «decepción peligrosa», acusando a Abbott de ceder ante presiones legales.

Un mercado que sigue respirando

El veto mantiene vivo un sector en auge, pero pospone su regulación. La sesión especial de julio definirá si Texas opta por controles estrictos o deja la puerta abierta a disputas futuras.