SIP alerta sobre aumento de violencia contra periodistas en Bolivia
La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia agresiones físicas, hostigamiento judicial y discurso estigmatizante. Organizaciones locales e internacionales exigen al gobierno garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico. El contexto electoral y económico agrava la situación desde enero de 2025.
«Una amenaza a la democracia»
La SIP señaló que las restricciones a la prensa en Bolivia incluyen exclusión de publicidad estatal, persecución tributaria y violencia física o verbal. El expresidente Evo Morales y sus seguidores son señalados por impulsar consignas como «prensa vendida», mientras medios independientes reportan amenazas de toma de sedes y agresiones en redes sociales.
Datos que alarman
El Índice Chapultepec 2024 ubica a Bolivia en el puesto 18 de 22 países en libertad de prensa, con calificación de «alta restricción». La ANPB y la ACPI documentaron decomiso de equipos, agresiones a mujeres periodistas y hostigamiento judicial para revelar fuentes. El fiscal general Roger Mariaca acusó al canal Unitel de «afán conspirador».
Voces que exigen acción
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, subrayó que «la violencia afecta directamente el acceso a información veraz». Martha Ramos, de la OEM, pidió al Estado «investigaciones imparciales y tolerancia a la diversidad de opiniones». Ambos enfatizaron que la impunidad y la retórica oficial ahondan la vulnerabilidad del sector.
Un clima enrarecido
Las tensiones se agudizaron en un escenario de crisis económica y polarización electoral, con Morales intentando una cuarta postulación pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. Periodistas han sido agredidos en manifestaciones y carreteras, mientras el gobierno enfrenta críticas por usar herramientas fiscales y legales para presionar a medios.
Libertad bajo presión
La SIP concluye que la combinación de asfixia económica, ataques físicos y discurso estigmatizante debilita el derecho a la información. Sin acciones concretas, Bolivia podría descender aún más en los rankings internacionales de libertad de expresión.