Andrew Cuomo enfrenta demandas por acoso sexual en su candidatura a alcalde
El exgobernador de Nueva York es demandado por dos mujeres y podría ser investigado federalmente. Los casos judiciales persisten mientras lidera las primarias demócratas, intentando silenciar críticas con tácticas legales agresivas.
«Demandas y silencio: la sombra legal de Cuomo»
Andrew Cuomo, favorito en las primarias demócratas para alcalde de Nueva York, enfrenta dos demandas por acoso sexual: una de su exasistente Brittany Commisso y otra de una exmiembro de su equipo de seguridad. Además, planeaba demandar por difamación a Charlotte Bennett, otra exasistente que retiró su denuncia en 2024. Sus abogados han solicitado registros médicos y comunicaciones personales de las acusadoras, argumentando que son «peticiones rutinarias» para su defensa.
Repercusiones políticas
Críticos como la asambleísta Jessica González-Rojas advierten que los casos «limitarían su capacidad de gobernar», comparándolo con el alcalde Eric Adams, afectado por escándalos. Cuomo también está bajo investigación federal por supuestas mentiras ante el Congreso sobre su manejo del COVID-19, aunque lo atribuye a «motivaciones políticas» del gobierno de Trump.
El costo para los contribuyentes
Hasta ahora, el estado ha gastado 20.3 millones de dólares en defender a Cuomo y sus exasesores en tres demandas por acoso, según la contraloría estatal. Sus abogados insisten en que tiene derecho a esa financiación, pero las acusadoras denuncian que busca «silenciarlas».
Antecedentes: de la caída al regreso
Cuomo renunció en 2021 tras un informe que lo acusaba de acosar a 11 mujeres. Aunque nunca enfrentó cargos penales, las demandas civiles continúan. Ahora busca revivir su carrera política, afirmando que las acusaciones fueron «fuego político» y destacando su experiencia para gobernar Nueva York.
Un futuro incierto en la campaña
Pese a los escándalos, Cuomo lidera las encuestas, aunque su rival Zohran Mamdani gana terreno entre jóvenes. Las demandas de Commisso y «Trooper 1» podrían extenderse hasta después de las elecciones, mientras activistas temen que su estrategia legal «intimide a futuras víctimas».
