Fiscalía investiga a exministro y cinco exautoridades por caso Consorcio

La Fiscalía boliviana investiga a seis exfuncionarios, incluido el exministro de Justicia César Siles, por presunta influencia en la suspensión de una magistrada del TSJ.
unitel.bo

Fiscalía investiga a exministro y cinco exautoridades por caso Consorcio

Dos detenidos, dos con arresto domiciliario y dos aprehendidos en una trama judicial vinculada a la suspensión de una magistrada del TSJ. Los implicados incluyen al exministro de Justicia César Siles y exmiembros del TDJ de La Paz. La investigación avanza tras la difusión de un audio comprometedor.

«Seis nombres bajo la lupa fiscal»

La Fiscalía boliviana investiga a seis exfuncionarios por su presunta participación en el caso Consorcio, relacionado con un intento de influir en la suspensión de la magistrada Fanny Coaquira del TSJ. César Siles, exministro de Justicia, declaró como aprehendido este viernes, mientras Yván Córdova, expresidente del TDJ de La Paz, sigue en la misma condición.

Detenciones y medidas cautelares

Dos investigados tienen detención preventiva: Claudia Castro (exvocal del TDJ) y Marcelo Lea Plaza (juez de Coroico). Otros dos, Iván Campero (magistrado suplente del TSJ) y José Uriarte (exvicecónsul en España), recibieron detención domiciliaria. Los restantes aguardan resolución fiscal.

El audio que complica a Siles

En redes circula un audio atribuido a Siles donde presuntamente presiona al juez Lea Plaza para «direccionar» un fallo contra Coaquira. El exministro niega los cargos, pero la Fiscalía analiza las pruebas.

Antecedentes: Una trama judicial en La Paz

El caso estalló tras la denuncia pública por la suspensión irregular de Coaquira, magistrada del TSJ. Las pesquisas revelaron vínculos entre exautoridades judiciales y abogados, generando críticas a la independencia del sistema. El TDJ de La Paz y el TSJ son instituciones clave en el proceso.

A la espera de la Fiscalía

El desenlace dependerá de las resoluciones pendientes sobre Siles y Córdova. La investigación expone posibles maniobras de influencia en el poder judicial, con repercusiones en la credibilidad institucional. Ciudadanos y organismos observan el caso como un test de transparencia.