Fiscalía emite orden de aprehensión contra exministro Siles por manipulación judicial
El exministro de Justicia César Siles Bazán es acusado de dirigir una red para destituir ilegalmente a la magistrada Fanny Coaquira. La Fiscalía de La Paz confirmó la medida tras recabar testimonios clave, incluido el de un juez que denunció presiones. El caso involucra a al menos cinco funcionarios y abogados.
«El ministro dio la orden expresa», según testimonio clave
El juez Fernando Lea Plaza declaró que fue presionado para firmar una resolución contra Coaquira, redactada por terceros, bajo amenaza de perder su cargo. Relató una reunión en el Shopping Norte de La Paz, donde Claudia Castro (exvocal) le aseguró que el operativo contaba con el aval de Siles y otras autoridades. «El 9 de junio, Siles le ofreció garantías en un audio filtrado», detalló la Fiscalía.
Detenciones y nuevos implicados
La exvocal Castro fue enviada a prisión preventiva por 120 días, mientras que el abogado José Uriarte fue arrestado por su presunta participación en el «consorcio». Uriarte tiene antecedentes en casos polémicos, como la defensa de expresidentes del TSE y un coronel acusado de narcotráfico. También se investiga a Óscar De la Fuente y Sergio Sarmiento por tráfico de influencias.
El objetivo: reemplazar a Coaquira por su suplente
La trama buscaba destituir a la magistrada electa del TSJ para que asumiera Iván Campero, su suplente. El fiscal general Róger Mariaca defendió la legitimidad de Coaquira, elegida por voto popular, y trasladó la responsabilidad de su habilitación a la Asamblea Legislativa: «Si no cumplieron su labor, eso no le incumbe al Ministerio Público».
Una trama con raíces en el poder judicial
El caso expone presuntas redes de influencia dentro del sistema de justicia boliviano, con funcionarios acusados de usar cargos para manipular resoluciones. Según la Fiscalía, el «consorcio» operaba con documentos falsificados y reuniones clandestinas. Los implicados tenían vínculos previos con casos de extorsión y narcotráfico.
La investigación sigue abierta
No se descartan nuevas órdenes de aprehensión, mientras los fiscales analizan pruebas adicionales. El escándalo ha puesto en evidencia fracturas institucionales y la presunta instrumentalización de cargos públicos para fines particulares.
