Candidatos presidenciales proponen reformas judiciales ante crisis institucional
Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo plantean «revolución judicial», mientras Samuel Doria Medina propone eliminar el TCP. Las propuestas surgen tras el escándalo del caso «Consorcio» que ha debilitado la credibilidad del sistema. Los aspirantes buscan capitalizar el descontento ciudadano a cinco meses de las elecciones.
«Revolución judicial» vs. supresión del TCP
Los candidatos presidenciales presentan propuestas divergentes para reformar el sistema judicial. Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) y Eduardo del Castillo (MAS) coinciden en una transformación estructural, mientras Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) impulsa la eliminación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mediante referendo. «El TCP ha distorsionado la Justicia», afirma Doria Medina.
Detalles de las propuestas
Rodríguez propone cambiar el sistema de elección de magistrados, eliminando el voto popular e implementando un modelo meritocrático con veeduría ciudadana. Del Castillo promete asignar el 3% del presupuesto nacional al sistema judicial y digitalizar expedientes. Doria Medina, en cambio, plantea destinar 1% del PIB para modernizar la Justicia y crear juzgados mixtos.
Otras voces en la contienda
Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) apuesta por una carrera judicial basada en méritos, mientras Tuto Quiroga (Alianza Libre) promete auditorías técnicas para garantizar transparencia en la selección de autoridades. Ambos enfatizan la necesidad de «recuperar el Estado de Derecho».
Una Justicia en el banquillo
El caso «Consorcio» ha expuesto la corrupción e interferencia política en el sistema judicial boliviano, generando un creciente malestar ciudadano. En los últimos años, el TCP ha sido criticado por decisiones polémicas, y la elección de magistrados por voto popular ha sido cuestionada por falta de independencia.
Las urnas decidirán el rumbo
Las propuestas judiciales serán un eje clave en las elecciones de agosto. Su implementación dependerá de la voluntad política del próximo gobierno y de la capacidad para consensuar reformas en un sistema históricamente polarizado.
