Abogado detenido en caso de manipulación judicial en Bolivia

Cuatro personas, incluido el abogado José Ramiro Uriarte, fueron arrestadas por presuntas coordinaciones irregulares para destituir a una magistrada del TSJ.
El Deber

Abogado es detenido en caso de manipulación judicial en Bolivia

Cuatro personas han sido arrestadas por presuntas coordinaciones irregulares para destituir a una magistrada del TSJ. El abogado José Ramiro Uriarte se entregó voluntariamente pero fue aprehendido este miércoles. La trama involucra a jueces, exautoridades y operadores externos.

«Una red para controlar el sistema judicial»

El llamado «caso Consorcio» se destapó tras filtrarse un audio donde se escuchan presuntas coordinaciones entre el exministro de Justicia César Siles y el juez Marcelo Lea Plaza. El objetivo habría sido remover a la magistrada Fanny Coaquira para favorecer a su suplente, Iván Campero, quien también fue detenido.

Los implicados

Además de Uriarte y Campero, están detenidos el juez Lea Plaza y la vocal Claudia Castro, quien renunció antes de que allanaran su despacho. Según la Fiscalía, Campero se benefició de una acción de cumplimiento con «argumentos falsos» para asumir el cargo en el TSJ.

Repercusión ciudadana

El caso ha generado alerta sobre posibles redes de influencia en el sistema judicial. Tres altos tribunales anunciaron un observatorio para proteger su independencia, aunque no se detallan medidas concretas.

El audio que destapó el escándalo

La investigación comenzó tras filtrarse una grabación donde, presuntamente, Lea Plaza y Siles coordinaban la salida de Coaquira. También se menciona al entonces presidente del TDJ de La Paz, Yván Córdova, y a la vocal Castro como parte de la trama.

Justicia bajo sospecha

El caso expone tensiones en el sistema judicial boliviano, donde ya hubo denuncias previas por injerencias políticas. La renuncia de Siles y las detenciones reflejan la magnitud de las acusaciones, aunque los implicados no han sido condenados.

¿Qué sigue para los detenidos?

Los cuatro aprehendidos esperan audiencias cautelares mientras la Fiscalía profundiza la investigación. El desafío será probar los vínculos entre operadores judiciales y exautoridades, en un caso que podría marcar un precedente contra la manipulación institucional.