Defensoría urge evaluar avances en políticas para la niñez boliviana
La institución exige revisar el Plan Multisectorial 2021-2025 ante retrasos en protección infantil. Detecta aumento de infanticidios y fallas en adopciones. El informe, presentado el 17 de junio de 2025, analiza desafíos persistentes en derechos de menores.
«Normas avanzadas, pero implementación lenta»
La Defensoría reconoce la aprobación en 2024 de una política contra el abandono infantil, pero critica el retraso en el Sistema Plurinacional de Protección Integral. Solo tres módulos del SINNA funcionan, pese a ser clave para monitorear a la niñez.
Centros de acogida y violencia sexual
En 2024, inspecciones en 121 centros revelaron «obstáculos legales que frenan adopciones». Además, se registraron 38 infanticidios (+52% vs 2023) y 2.696 violaciones a menores. La Defensoría exige eliminar el tipo penal de estupro, usado por agresores para eludir condenas.
Trabajo infantil y justicia juvenil
Aunque el trabajo infantil bajó un 81% entre 2019-2023, falta una política contra la explotación en minería y turismo. En justicia juvenil, 1.400 denuncias en 2024 (mitad por violencia de género) evidencian «fallas graves en defensa legal y plazos procesales».
Un sistema que aún no protege
Bolivia cuenta con marcos normativos desde 2021, pero persisten vacíos en su aplicación. La Defensoría señala que la articulación Estado-sociedad civil es «insuficiente» para prevenir violencia estructural, embarazos forzados y abusos.
El reto: pasar del diagnóstico a la acción
El informe subraya la urgencia de reactivar comités interministeriales, ampliar inspecciones laborales y cumplir estándares internacionales. Sin medidas concretas, los avances legales seguirán sin traducirse en protección real para la niñez boliviana.