Saravia asume el Ministerio de Justicia en medio de tensión política
La nueva ministra enfrenta el desafío de armonizar relaciones con el Órgano Judicial. Su nombramiento se produce tras la renuncia del exministro Siles, vinculado a un escándalo por un audio que revelaría injerencia del Ejecutivo en el sistema judicial. El acto de posesión tuvo lugar ayer en un contexto electoral crítico.
«Continuidad institucional en un ministerio clave»
El presidente Luis Arce posesionó a Jessica Saravia, exviceministra de Justicia, para «dar continuidad» al trabajo de la cartera. «Estamos seguros de que los temas pendientes serán llevados a buen puerto», afirmó el mandatario, sin mencionar directamente el escándalo. La crisis judicial podría afectar la credibilidad del proceso electoral de agosto, según advierten autoridades.
Perfil de la nueva ministra
Saravia, abogada con especializaciones en auditoría jurídica, tiene una amplia trayectoria en instituciones públicas. Fue directora de la Autoridad de Fiscalización del Juego (2016-2019 y 2020-2023) y viceministra de Lucha Contra la Corrupción (2012-2016). También ejerció como docente universitaria y consultora en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El escándalo que precipitó el cambio
El expresidente Evo Morales acusó al exministro Siles de «intervención directa en el manejo del sistema judicial» tras la divulgación del audio. «(El audio) revela que el TSJ, el TCP y la Fiscalía están sometidos al control político», escribió en redes. En 2024, Morales ya había denunciado a Siles por presunto cobro de dinero a militares investigados, aunque luego se retractó.
Justicia bajo presión
El caso se enmarca en un año electoral marcado por la polarización política y denuncias de injerencia en el Órgano Judicial. El Consejo de la Magistratura resolvió ayer la detención preventiva de un juez de Coroico, en una decisión que calificó como «contraria al orden constitucional».
Un ministerio en la mira
Saravia asume en un momento crítico para la institucionalidad democrática, con el reto de reducir tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial. Su gestión será clave para garantizar la independencia judicial ante las elecciones y restaurar la confianza ciudadana en el sistema.
