Gobierno argentino autoriza detenciones sin orden judicial y vigilancia en redes
La reforma policial permite intervenciones sin autorización judicial y monitoreo digital. La medida, impulsada por la ministra Bullrich, se anunció un día antes de protestas en apoyo a Cristina Fernández. Críticos alertan sobre riesgos a libertades fundamentales.
«Ciberpatrullaje y detenciones exprés: el nuevo protocolo»
El Gobierno de Javier Milei aprobó este martes una norma que faculta a la Policía a realizar detenciones y registros sin orden judicial, alegando «prevención de delitos federales complejos». La ministra Patricia Bullrich comparó el modelo con el del FBI estadounidense, aunque expertos cuestionan su impacto en derechos constitucionales.
Vigilancia digital ampliada
La reforma incluye supervisión de redes sociales y direcciones web bajo «circunstancias objetivas» que sugieran un delito. El texto oficial justifica la medida ante la «imposibilidad de esperar órdenes judiciales», pero organizaciones de DDHH la vinculan a mecanismos usados durante el gobierno de Mauricio Macri.
Protestas y contexto político
La normativa se anunció horas antes de movilizaciones en apoyo a Cristina Fernández, condenada por corrupción. Los manifestantes planean acompañarla a tribunales en Comodoro Py bajo el lema «Argentina con Cristina». Bullrich defendió la reforma como una herramienta para «profesionalizar» las fuerzas de seguridad.
Un debate recurrente
Argentina acumula históricas tensiones entre seguridad y libertades. Esta reforma reactiva polémicas similares a las de 2016, cuando Bullrich impulsó medidas análogas. Ahora, el Gobierno insiste en alinearse con estándares internacionales, mientras opositores denuncian «criminalización de la protesta».
Seguridad bajo lupa
La eficacia de la reforma dependerá de su aplicación en un escenario de alta polarización. Las críticas apuntan a un posible exceso de vigilancia estatal, aunque el Ejecutivo mantiene que es clave para combatir la delincuencia organizada.
