Exministro Siles intentó frenar difusión de audio que compromete a la Justicia
La abogada del juez detenido Marcelo Lea Plaza acusa a César Siles de presionar para ocultar pruebas. Según declaraciones judiciales, el exministro habría dirigido un fallo a favor de intereses políticos. El caso involucra a altos funcionarios del Gobierno de Luis Arce y magistrados del TSJ.
«El audio que sacude los cimientos judiciales»
La abogada Zuleika Lanza, representante del juez Marcelo Lea Plaza, reveló que César Siles conocía el contenido del audio y presionó para evitar su difusión. Según su declaración ampliatoria, Lea Plaza afirmó que «quien emitía las órdenes era el exministro», refiriéndose a la vocal Claudia C. como intermediaria.
Las amenazas y el intento de encubrimiento
Lanza denunció que Siles contactó a la esposa del juez para pedirle que no hiciera público el audio, prometiendo apoyo a cambio. Además, alertó sobre amenazas recibidas por Lea Plaza, incluyendo advertencias de un posible atentado en la cárcel de San Pedro. «Existen otras pruebas que se presentarán en su momento», adelantó la abogada a UNITEL.
La trama política detrás del fallo
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) vinculó a Lea Plaza con la anulación de la credencial de la magistrada Fanny Coaquira, lo que habría beneficiado al suplente Iván Campero. La magistrada Rosmery Ruiz señaló que Claudia Castro actuó como «coordinadora» entre Siles, Campero y el juez.
Un pasado de sombras en la Justicia
El caso reaviva las sospechas de injerencia del poder Ejecutivo en decisiones judiciales. El audio, donde supuestamente Siles ofrece protección al juez a cambio de un fallo favorable, refleja un patrón denunciado previamente por opositores como Evo Morales, quien lo calificó como «operador» del Gobierno.
¿Hasta dónde llega la influencia?
Las acusaciones podrían profundizar la crisis de credibilidad judicial en Bolivia. Mientras Siles niega las versiones y asegura presentarse ante la Fiscalía, el TSJ mantiene su investigación. El desenlace dependerá de las pruebas pendientes y de si se confirma el vínculo entre altos cargos y la manipulación de sentencias.
