Defensoría urge al Estado a mejorar condiciones en cárceles bolivianas
El sistema penitenciario opera con un 105% de hacinamiento y 139 muertes en custodia en 2024. Un informe de la Defensoría del Pueblo revela condiciones inhumanas y exige recursos urgentes. La ONU advirtió sobre el uso excesivo de la detención preventiva, que afecta al 58,71% de los reclusos.
«Un sistema que castiga la pobreza»
El Informe de Derechos Humanos 2024 de la Defensoría del Pueblo detalla que las cárceles bolivianas incumplen estándares internacionales y perpetúan la exclusión. La población carcelaria creció un 43,5% desde 2021, llegando a 32.035 personas, a pesar de la creación de 4.457 nuevas plazas. «Las condiciones actuales reproducen un sistema punitivo», señala el documento.
Hacinamiento y condiciones inhumanas
El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU confirmó en diciembre de 2024 que el 91% de las personas en celdas de aislamiento duermen en el piso, el 48% carece de ventanas y el 62% no tiene inodoros. La Defensoría alerta que estas condiciones podrían constituir «tratos crueles, inhumanos o degradantes».
Muertes y salud precaria
En 2024, 139 personas fallecieron bajo custodia: 126 por enfermedades, 9 por violencia y 4 por suicidio. Estos datos reflejan «la insuficiente atención médica y la falta de condiciones mínimas», según el informe. La Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP) atribuye el problema al hacinamiento y la infraestructura deficiente.
Mujeres: sobrerrepresentadas en delitos no violentos
El número de mujeres privadas de libertad aumentó un 12,5% en un año, llegando a 2.150. El 65% está en detención preventiva y el 41% vinculado a la Ley 1008 (narcotráfico), muchos casos sin violencia. La Defensoría subraya la necesidad de enfoques diferenciados para esta población.
Un problema de décadas
Bolivia arrastra un déficit estructural en su sistema penitenciario, agravado por el rezago judicial y la falta de inversión. La detención preventiva, usada en el 58,71% de los casos, sigue siendo la principal causa de hacinamiento, pese a una leve reducción del 3,98% en 2024.
¿Habrá cambios reales?
El informe defensorial presiona al Estado para asignar recursos que garanticen condiciones dignas y seguridad en las cárceles. Sin embargo, la implementación dependerá de voluntad política y presupuesto, en un sistema donde, según la ONU, la corrupción y los cobros indebidos son habituales.
