Minería de tierras raras amenaza a indígenas aislados en Bolivia
Dos proyectos de prospección en Santa Cruz podrían desplazar a pueblos ayoreos. La actividad minera avanza sin consulta previa en territorios indígenas vulnerables, pese a su reconocimiento constitucional. Expertos denuncian falta de protección estatal.
«Una amenaza silenciosa para los últimos bosques biodiversos»
Los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) del Chaco y la Chiquitanía enfrentan riesgos por la explotación de tierras raras, minerales clave para la transición energética. «El Estado ve estos territorios como depósitos de recursos, ignorando las consecuencias humanas», afirma Miguel Vargas del CEJIS. Los proyectos Rincón del Tigre y Manomó, impulsados por la COMIBOL, se superponen con zonas de avistamiento ayoreo.
Vacío legal y presión económica
La Ley de Minería de 2014 excluye la consulta previa en fase de prospección, facilitando la intervención en territorios indígenas. «Las leyes existen, pero falta voluntad política para aplicarlas», denuncia Miguel Ángel Alarcón de Iniciativa Amotocodie. La deforestación y la minería ilegal agravan el problema, reduciendo el espacio vital de estos pueblos.
«No basta con reconocerlos, hay que protegerlos»
Luis María de la Cruz exige tres acciones: reconocimiento oficial de los PIAV, demarcación territorial y medidas contra invasiones. En Bolivia solo 10 pueblos tienen estatus legal, pese a evidencias de grupos no contactados. «Su desaparición no será por violencia directa, sino por destrucción del hábitat», advierten los expertos.
Un contexto regional crítico
Sudamérica alberga 188 pueblos aislados, pero solo 60 están reconocidos. En Bolivia, la explotación de oro aluvial y tierras raras se suma a crisis previas por incendios y deforestación. Las tierras raras, esenciales para tecnología renovable, intensifican la presión sobre estos territorios.
La supervivencia en juego
La falta de protección efectiva podría llevar al desplazamiento o extinción cultural de pueblos enteros. Los especialistas insisten en que el reconocimiento legal es el primer paso para garantizar su derecho a vivir en aislamiento, pero requieren acciones concretas.
