Viceministro boliviano denuncia «gobierno paralelo» que protege a Evo Morales
Jhonny Aguilera acusa a Morales de controlar Lauca Ñ como un «fortín». El viceministro de Régimen Interior vinculó las protestas en Llallagua con narcotráfico y negó uso desproporcionado de fuerza policial. La crisis política se agrava con denuncias de presión a campesinos.
«Lauca Ñ: un territorio fuera de la ley»
El viceministro Jhonny Aguilera confirmó que la Policía no ingresa a Lauca Ñ, donde Evo Morales «resguarda nueve manzanos como un fortín al estilo Vietnam». Según Aguilera, existe un «gobierno paralelo» que decide sobre vidas y bienes, y los campesinos apoyan al expresidente «bajo amenaza de perder sus propiedades».
Las claves del conflicto
Aguilera justificó la no captura de Morales alegando que se busca «evitar muertes de civiles». Reveló que productores agrícolas de la zona están descontentos pero actúan por coerción. La Policía, según él, intervino para «liberar a la población de estas hordas».
Llallagua: narcotráfico y «acción heroica»
El viceministro calificó a los manifestantes de «criminales y narcotraficantes disfrazados de campesinos», vinculando las protestas con «14 toneladas de marihuana quemadas que financiaban la movilización». Negó categóricamente el uso de fuerza letal: «La acción policial fue heroica», afirmó, mientras acusaba a Morales de buscar «víctimas fatales» para su narrativa.
La otra versión
Organizaciones afines a Morales denuncian «represión brutal» en Llallagua y Arque, declarando duelo nacional y exigiendo una investigación internacional. Acusan al Gobierno de causar una «quiebra económica» y reprimir protestas por la crisis de combustibles, dólares y alimentos.
Bolivia dividida
El conflicto en Lauca Ñ evidencia la fractura política boliviana, donde Morales mantiene influencia territorial mientras el Gobierno central lo acusa de operar fuera de la ley. Las protestas reflejan el malestar social por la escasez, pero las versiones sobre su naturaleza son diametralmente opuestas.
Sin solución a la vista
La crisis escaló con muertes en protestas, denuncias cruzadas de violencia y un impasse sobre la captura de Morales. Mientras el Gobierno insiste en el carácter criminal de las movilizaciones, la oposición habla de represión y exige investigaciones internacionales.