Presidente de Bolivia puede declarar estado de excepción ante amenazas graves
La Constitución y la Convención Interamericana permiten esta medida excepcional. Debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa en 72 horas y respetar derechos fundamentales. Su uso está limitado a situaciones que pongan en peligro la vida de la nación.
«Un mecanismo constitucional para casos extremos»
Según los artículos 137-139 de la CPE, el presidente puede activar el estado de excepción ante amenazas externas, desastres naturales o conmoción interna. «Nunca podrán suspenderse el debido proceso, el derecho a la información o los derechos de los privados de libertad», especifica el texto. La Corte IDH exige que su aplicación preserve la democracia y esté objetivamente justificada.
Control legislativo y rendición de cuentas
La Asamblea Legislativa debe aprobar la medida en 72 horas, definiendo sus alcances y supervisando su ejecución. El Ejecutivo deberá explicar «los motivos y el uso de las facultades conferidas». La Comisión IDH advierte que declararlo en contextos de conflictividad social puede generar vulneraciones de derechos humanos.
Límites en tiempos excepcionales
Aunque permite medidas restrictivas temporales, el estado de excepción «no suspende el Estado de Derecho». La Corte IDH subraya que las acciones deben ser proporcionales y ajustadas al contexto. Incluso durante su vigencia, «el gobierno no tiene poderes absolutos» y debe respetar el principio de legalidad.
Entre la emergencia y las elecciones
El jurista William Herrera Áñez señala que la normativa no prohíbe elecciones bajo estado de excepción. «Es preferible votar con garantías limitadas a no hacerlo», afirma, siempre que se preserven los principios democráticos. La Corte IDH recuerda que democracia y Estado de Derecho son inseparables.
Un recurso para proteger, no para dominar
El estado de excepción sigue siendo una herramienta legal para crisis graves, pero su aplicación debe ser temporal, justificada y supervisada. Su mal uso podría debilitar las instituciones, mientras que su correcta implementación busca proteger la seguridad nacional sin sacrificar derechos fundamentales.
