Gobierno busca aprobar créditos por $us 1.800 millones para garantizar voto en el exterior
Ministros explicarán este lunes el destino de los fondos. Los créditos, estancados desde 2023, son clave para financiar elecciones y evitar una crisis fiscal. La Asamblea, dividida políticamente, no ha logrado consenso.
«Sin estos fondos, el Estado pierde oxígeno»
Los ministros Marcelo Montenegro (Economía) y Sergio Cusicanqui (Planificación) comparecerán este 16 de junio ante una comisión técnica para detallar el uso de los $us 1.800 millones. “El daño económico es real”, advirtió Montenegro, tras el rechazo de un crédito de $us 100 millones con la JICA para emergencias climáticas. La parálisis legislativa afecta infraestructura, importaciones y programas sociales.
Voto en el exterior en peligro
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) necesita financiamiento urgente para organizar las elecciones del 17 de agosto en 33 países. El compromiso de destrabar los créditos fue firmado en la Cuarta Cumbre Multipartidaria en Santa Cruz (12 de junio), pero “las señales desde la Asamblea siguen siendo inciertas”.
Una Asamblea fragmentada
La falta de acuerdos entre el MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos ha bloqueado préstamos con condiciones favorables (bajas tasas de interés y largos plazos). “El bloqueo no es técnico, es político”, denunció el Ejecutivo. El vicepresidente David Choquehuanca impulsa una comisión técnica para reactivar los créditos “sin nuevos conflictos”.
Deudas y demandas locales
La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) exige aprobar $us 325 millones para proyectos urbanos y emergencias. Alcaldes amenazan con movilizaciones si no se desbloquean los recursos.
Créditos en el limbo
Desde 2023, el Ministerio de Economía ha remitido proyectos de ley para créditos con el BID, CAF y JICA. 16 iniciativas (sumando $us 1.660 millones) están retenidas, incluyendo fondos para la Planta Refinadora de Zinc.
¿Se destrabará el oxígeno fiscal?
La eficacia de la comisión técnica dependerá de la voluntad política en una Asamblea dividida. El Gobierno insiste en que, sin aprobación, se agravará la crisis fiscal y se pondrá en riesgo el proceso electoral.
