El Salvador registra desplazamiento forzado de 40 periodistas

La APES denuncia hostigamiento e intimidación como causas del éxodo de 40 periodistas en El Salvador, vinculando el contexto a tensiones con el gobierno de Bukele.
unitel.bo

El Salvador registra el desplazamiento forzado de 40 periodistas

La APES denuncia hostigamiento e intimidación como causas principales. La asociación documentó la salida de profesionales en semanas recientes, sin señalar responsables directos. El gobierno de Bukele ha criticado reiteradamente a medios y ONG.

«Ningún gobierno debe silenciar voces»

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) afirmó que los 40 casos documentados incluyen amenazas, restricciones arbitrarias y persecución. «Han realizado trabajos relevantes sobre derechos humanos y transparencia», destacó el gremio. No identificó a los responsables, pero vinculó el contexto a las tensiones entre el gobierno y la prensa crítica.

Impacto humanitario y social

La APES advirtió que la salida masiva genera «un clima de más temor» y una «crisis humanitaria» para las familias afectadas, ya que muchos periodistas no pueden regresar. Subrayó que esto refleja un «deterioro del respeto a los derechos humanos», especialmente en libertad de prensa.

Bukele y su choque con la prensa

El presidente salvadoreño ha acusado a medios y ONG de formar parte de un «ataque organizado» contra su gobierno. Previamente, la APES alertó sobre un presunto plan para detener a periodistas de El Faro, medio crítico con su gestión. Organizaciones locales e internacionales han denunciado una ofensiva contra críticos.

Un país bajo tensión mediática

El Salvador vive un escenario de polarización desde que Bukele impulsó medidas controvertidas, como el régimen de excepción contra pandillas. Su discurso contra la prensa y activistas ha escalado en paralelo a reportes de abusos y opacidad.

Una huida que deja preguntas

El éxodo de periodistas evidencia la fragilidad de la libertad de expresión en el país. La APES insiste en que el ejercicio periodístico no debe ser criminalizado, aunque el gobierno mantiene su postura de confrontación con los críticos.

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