Bolivia en lista gris del GAFI por falta de ley antilavado

El GAFI incluye a Bolivia en su lista de vigilancia por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos, destacando la ausencia de una ley que permita técnicas especiales de investigación.
El Deber

Bolivia ingresa en la ‘lista gris’ del GAFI por falta de ley contra el lavado

El país será sometido a supervisión estricta tras la decisión del organismo internacional. El Gobierno atribuye el fallo a la oposición parlamentaria que bloqueó en 2021 una norma clave. La medida podría afectar la estabilidad financiera.

«Sin ley no hay combate efectivo»

El GAFI incluyó a Bolivia en su lista de vigilancia por «importantes lagunas» en la lucha contra el blanqueo de capitales. La principal deficiencia es la ausencia de una ley que permita técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos o entregas vigiladas. El Ministerio de Economía admitió que, pese a cumplir el 90% de las exigencias, este punto crítico persiste.

Responsabilidades cruzadas

El ministro Marcelo Montenegro acusó a «sectores de la oposición» por el «sabotaje político» que impidió aprobar la Ley 1386 en 2021. El Ejecutivo ahora prepara un nuevo proyecto legislativo en coordinación con la Asamblea. Montenegro advirtió: «Podríamos escalar a la lista negra con consecuencias graves».

El reloj de la supervisión internacional

Bolivia deberá rendir informes periódicos al GAFI sobre sus avances. La Asociación de Bancos Privados (ASOBAN) ratificó su compromiso con la prevención, pero el sector financiero podría enfrentar mayores controles y restricciones en transacciones internacionales.

Un tema que ya venía con alertas

El GAFI había retirado a Bolivia de su lista gris en 2020 tras avances parciales, pero la falta de una norma con técnicas investigativas modernas mantuvo al país en riesgo. La Ley 1386, retirada tras protestas, buscaba cumplir esos estándares.

Vigilancia y compromisos sobre la mesa

La inclusión en la lista gris obliga a Bolivia a acelerar reformas bajo presión internacional. El plan de acción presentado será clave para evitar sanciones mayores, mientras el impacto en la economía dependerá de la rapidez legislativa.