Gobierno identifica 17 clanes familiares dedicados al contrabando

Autoridades bolivianas detectaron 17 clanes familiares involucrados en contrabando, con pérdidas superiores a 56,8 millones de bolivianos en 2025. Se investiga la salida ilegal de productos nacionales.
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Gobierno identifica 17 clanes familiares dedicados al contrabando en Bolivia

Las pérdidas por contrabando superan los 56,8 millones de bolivianos en 2025. El viceministro Luis Velázquez reveló que operan grupos que introducen mercancía ilegal y sacan productos bolivianos al exterior. La información se compartirá con las autoridades competentes para investigaciones.

«Contrabando a la inversa»: la fuga de productos nacionales

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando detalló que 17 clanes familiares controlan redes de internación ilegal de electrodomésticos y aparatos de línea blanca y negra. Además, confirmó que se investiga a los responsables del «contrabando a la inversa»: la salida de bienes bolivianos hacia países vecinos. «Ya tenemos algunos nombres», afirmó Velázquez.

Impacto económico y medidas

Las incautaciones alcanzaron Bs 10,8 millones tras la aplicación del Decreto Supremo 5402 y las 11 medidas anticrisis del Gobierno. Solo entre el 9 y el 15 de junio, se afectó al contrabando con Bs 2 millones en mercancía interceptada. Las autoridades aseguran que estas acciones protegen la canasta familiar.

Operativos que queman mercancía ilegal

Agentes anticontrabando incineraron dos camiones con productos ilegales, según imágenes difundidas por el viceministerio. Velázquez enfatizó que se recopila información para sancionar a los implicados, aunque no precisó plazos ni detenciones. Los clanes operan tanto en la importación ilícita como en la exportación no autorizada de bienes.

Un negocio familiar con décadas de historia

El contrabando en Bolivia tiene raíces en redes consolidadas que aprovechan la porosidad de las fronteras. La internación de electrodomésticos y la salida de productos locales (como alimentos o materias primas) generan distorsiones en el mercado interno, según han denunciado gremios y el propio Gobierno en los últimos años.

El desafío: cortar las rutas ilegales

La identificación de los clanes es un paso inicial, pero la efectividad dependerá de judicializaciones y cooperación internacional. Las pérdidas millonarias reflejan la magnitud del problema, que impacta en precios y abastecimiento legal.

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