Asoban ratifica compromiso contra delitos financieros tras inclusión de Bolivia en lista gris del GAFI
Bolivia fue incorporada a la lista de jurisdicciones bajo mayor monitoreo del GAFI. La Asociación de Bancos Privados destacó avances del sector, pero instó al Estado a cumplir el plan de acción internacional. El ministro de Economía atribuyó la medida a vacíos legales.
«Avances significativos, pero desafíos estructurales»
Asoban emitió un comunicado tras la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de incluir a Bolivia en su «lista gris». Resaltó logros como la implementación efectiva de medidas contra el lavado de activos y la supervisión liderada por la ASFI. Sin embargo, reconoció que persisten retos en áreas como investigaciones judiciales y regulación de sectores no financieros.
Cuatro exigencias clave del GAFI
La asociación bancaria enumeró los puntos críticos: (1) Uso de técnicas especiales en investigaciones, (2) supervisión de agentes inmobiliarios y contadores, (3) información precisa de beneficiarios finales y (4) aumento de procesos judiciales por lavado de activos. «El Estado debe implantar este plan para salir de la lista», subrayó.
Gobierno traslada responsabilidad al Legislativo
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que la inclusión en la lista gris se debe a «la falta de leyes robustas» contra el lavado de dinero. Advirtió que, sin acción rápida, Bolivia podría escalar a la «lista negra», con graves consecuencias financieras. «Los avances técnicos existen, pero necesitamos normativa», insistió en una conferencia de prensa.
Entre el reconocimiento y la urgencia
El GAFI destacó en su informe preliminar el cumplimiento del sector bancario, pero identificó debilidades sistémicas. Bolivia figura ahora entre las jurisdicciones con mayor escrutinio internacional, un estatus que podría afectar su acceso a mercados financieros globales.
Corre contra el reloj
El plazo para implementar las medidas del GAFI es limitado. Mientras Asoban refuerza su compromiso con estándares internacionales, la presión recae sobre la Asamblea Legislativa para aprobar leyes pendientes. El riesgo de escalar a la lista negra marca la urgencia del proceso.