Policía aprehende a juez de Coroico por suspender ilegalmente a magistrada del TSJ
Fernando Marcelo Lea Plaza fue detenido por emitir una resolución prevaricadora contra Fanny Coaquira. El presidente del TSJ calificó el acto como un ataque a la institucionalidad judicial. Ocurrió este 12 de junio en La Paz, tras una denuncia sobre supuestos méritos falsos de la magistrada.
«Un atentado contra la voluntad popular»
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, denunció que la resolución del juez buscaba «anular el mandato legítimo» de Coaquira, electa por voto popular en La Paz. La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ejecutaron la aprehensión en flagrancia, coordinando con la Unidad Anticorrupción del Órgano Judicial.
La denuncia que desencadenó el caso
Antonio de la Fuente Amelunge presentó una acción de cumplimiento alegando que Coaquira falseó su experiencia docente en una universidad, lo que —según él— influyó en su elección. El juez Marcelo Lea ordenó su suspensión temporal y la convocatoria de un suplente, medida que el TSJ consideró «usurpación de funciones».
Investigan posibles cómplices
Saucedo reveló indicios de participación de otras autoridades del Tribunal Departamental de Justicia. El TSJ envió a su Unidad de Transparencia a La Paz para auditar el caso y pidió al Ministerio Público ampliar las pesquisas contra «autores intelectuales o materiales».
Cuando la justicia se convierte en arma política
El conflicto surge en un contexto de tensiones en el sistema judicial boliviano, donde los magistrados son elegidos por voto popular desde 2011. Saucedo enfatizó que el fallo del juez Marcelo Lea «desconocía el sistema democrático de elección», vigente tras la aprobación de la Constitución de 2009.
El TSJ no dará marcha atrás
La institución judicial aseguró que respaldará a Coaquira «hasta las últimas consecuencias». El caso expone fragilidades en los mecanismos de control de méritos de candidatos judiciales, pero también reafirma la postura del TSJ contra decisiones que vulneren procesos electorales.
