Juez de Caranavi detenido por suspender ilegalmente a magistrada

Un juez de Caranavi fue arrestado por prevaricato al suspender ilegalmente a una magistrada del TSJ electa democráticamente. El Consejo de la Magistratura intervino el caso.
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Juez de Caranavi es detenido por suspender ilegalmente a magistrada del TSJ

El jurista fue acusado de «prevaricato en flagrancia» por inhabilitar a una autoridad electa. El Consejo de la Magistratura intervino el caso tras una resolución que vulneraba el proceso democrático. Ocurrió en La Paz, donde el juez fue trasladado a celdas policiales.

«Una decisión fuera de la ley»

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, afirmó que el juez de Caranavi actuó «fuera del ámbito constitucional» al emitir una acción de cumplimiento que alejaba del cargo a la magistrada titular del TSJ, Fanny Coaquira, electa en diciembre. «Mereció una intervención inmediata», declaró.

Implicaciones para la justicia

Baptista advirtió que decisiones como esta «ponen en riesgo la estabilidad del Órgano Judicial». La Fiscalía Departamental y la Unidad de Transparencia actuaron para procesar al juez, quien habilitó ilegalmente a la suplente de Coaquira. «No podemos permitir que autoridades electas sean retiradas así», subrayó.

Auditoría y consecuencias

El Consejo de la Magistratura realizará una auditoría a los casos manejados por el juzgado intervenido. Baptista explicó que el juez resolvió sin competencia, lo que constituye un delito flagrante. La magistrada Coaquira retomará sus funciones tras la anulación de la resolución irregular.

Un precedente peligroso

El caso expone vulnerabilidades en el sistema judicial boliviano. En diciembre de 2024, Coaquira fue elegida magistrada del TSJ en comicios observados internacionalmente. La acción del juez de Caranavi buscaba alterar ese resultado sin sustento legal.

Justicia bajo escrutinio

El incidente refuerza la necesidad de controles internos en el Poder Judicial. Las autoridades aseguran que este tipo de actuaciones no se repetirán, garantizando el respeto a los procesos electivos.